Se reserva informar. El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesus Murillo.
La Procuraduría General de la República (PGR) es la dependencia de la Administración Pública Federal que más expedientes ha reservado en los últimos 10 años, desde que está vigente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
De acuerdo con el índice de expedientes reservados, que administra el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), la PGR ha clasificado un millón 538 mil 300 archivos.
En esta lista le sigue el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con un millón 238 mil 686 expedientes, y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con 793 mil 504 documentos.
Entre sus archivos, el IFAI ha reservado 806 expedientes, pero ha desclasificado más de 25 mil 515 documentos.
Es el mismo caso de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que ha clasificado 219 mil 548 expedientes, pero es la que más ha desclasificado con 374 mil 200.
En la última década el número de expedientes reservados ascendió a 10 millones 659 mil documentos.
De acuerdo con la ley, la información reservada es aquella que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en los artículos 13 y 14; es decir, que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional.
También los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario; averiguaciones previas; expedientes judiciales o de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, son información reservada. El gobierno federal ha reservado diversos casos, como el de la maestra Elba Esther Gordillo y sus cuentas, desde 2007, a través de la PGR y la SEP, al clasificarla como confidencial o inexistente.
Según información estadística, al órgano garante se han presentado 43 recursos de revisión interpuestos relacionados con Gordillo. Otro caso fue el del accidente aéreo donde perdieron la vida el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el exfiscal antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos, así como seis de sus colaboradores, en que la SCT declaró como información reservada por 12 años los soportes de la investigación final de los peritajes del accidente realizados por autoridades de aeronáutica extranjeros. A finales de 2010, la Presidencia negó la difusión de las encuestas realizadas por el gobierno para que Calderón extinguiera LyFC.
