Inseguridad. Human Rights Watch destaca en informe casi 250 desapariciones forzadas en el sexenio de Felipe Calderón.
La organización Internacional Human Rights Watch presentó el informe Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada en el que documenta casi 250 desapariciones ocurridas durante sexenio del presidente Felipe Calderón. En prácticamente 60% de ellas, reporta, hay indicios de participación de las fuerzas del orden.
"En 149 de estos casos, encontramos evidencias contundentes que actores estatales habrían participado en la desaparición, ya sea por sí solos o en colaboración con organizaciones delictivas. En estos 149 casos han estado implicados miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad: el Ejército, la Marina, la Policía Federal, y/o las policías estatales y municipales".
La mayoría de los casos de posible desaparición forzada que se documentan responde a un patrón, en el cual miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a personas sin la correspondiente orden de detención y sin indicios suficientes que justifiquen esta medida. En muchos casos, las detenciones se llevan a cabo en la vivienda de la víctima, frente a otros familiares, mientras que en otros en retenes, el lugar de trabajo o en establecimientos públicos como bares, afirma HRW.
"Los soldados y policías que efectúan estas detenciones casi siempre visten uniformes y conducen vehículos oficiales. Cuando los familiares de las víctimas preguntan sobre el paradero de los detenidos en las dependencias de las fuerzas de seguridad y en el Ministerio Público, les indican que esas personas nunca fueron detenidas. "En algunos casos, las evidencias sugieren que un cuerpo concreto de las fuerzas de seguridad efectuó múltiples desapariciones aplicando las mismas tácticas durante un período breve y en una misma zona. Por ejemplo, Human Rights Watch recogió testimonios de testigos, así como fotografías y grabaciones de video, que señalan que miembros de la Marina cometieron más de 20 detenciones arbitrarias en junio y julio de 2011, en los estados vecinos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
"Casi todas estas personas fueron detenidas arbitrariamente por miembros de la Marina en sus viviendas. La Marina negó en un primer momento llevarse a los hombres, pero luego se contradijo al admitir en comunicados que había mantenido contacto".
Junto al informe, el organismo revela que la Secretaría de Gobernación (Segob), ocupada en ese entonces por Alejandro Poiré Romero, desestimó las conclusiones y recomendaciones del reporte Ni seguridad, ni derechos, presentado al Gobierno el 9 de noviembre de 2011. Con ello soslayó la participación de las fuerzas federales en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales.
HRW señala que la Segob le remitió una carta en enero de 2012, en la que Poiré acusó que la investigación presentada a la administración calderonista se basó en "múltiples imprecisiones y afirmaciones sin sustento", "errores", y "afirmaciones categóricas no generalizadas".
