Reforma. Entrevista con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío.
La aprobación de la nueva Ley de Amparo implicará una serie de ajustes para los que el Poder Judicial de la Federación está preparado, aseguró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz.
En entrevista, dijo que el Poder Judicial se ha visto obligado a suplir, mediante acuerdos o emisión de jurisprudencias, la ausencia de la ley reglamentaria de la reforma constitucional de amparo, cuya aprobación se ha aplazado por más de un año en la Cámara de Diputados.
"Esta omisión del Congreso, ya muy larga, ha generado una falta de armonización entre una Constitución, que dice una cosa, y una ley antigua, que dice otra. Cuando uno tiene una reforma constitucional que entró en vigor, que las personas saben que entró en vigor, que quieren litigar conforme a esa reforma, nos meten en problemas muy grandes.
Entre éstos, destacó la incertidumbre generada entre ciudadanos, litigantes e, incluso, autoridades, acerca de si en los juicios de amparo deben aplicarse las nuevas disposiciones derivadas de la reforma constitucional, pese a que no existe una ley reglamentaria.
Esa falta de armonización se ha traducido, explicó, en que las autoridades y el propio Poder Judicial hayan perdido legitimidad y los ciudadanos protección de sus derechos, derivadas de la ausencia de la ley reglamentaria.
Ahora, ante la posibilidad de que la ley se apruebe, se requieren cambios institucionales y administrativos para aplicar las disposiciones de la nueva legislación, entre ellos, el establecimiento de los plenos de circuito y la normatividad a seguir para las declaratorias generales de inconstitucionalidad.
Estos dos temas son de particular relevancia en la reforma en materia de amparo, pues el primero implica dotar de autonomía a los circuitos judiciales, a fin de que los plenos resuelvan las contradicciones de tesis que se generen entre los tribunales de un mismo circuito, lo que, además, reducirá la carga de trabajo de la Corte.
Las declaraciones generales de inconstitucionalidad amplían la protección del juicio de garantías a toda la sociedad, pues antes de la reforma constitucional la sentencia de amparo protegía sólo a quien presentaba la demanda y con la nueva ley, las normas que se declaren contrarias a la Constitución dejarán de aplicarse en beneficio de todos.
El ministro consideró que, en ocasiones, no se entiende la importancia del juicio de amparo, al que se ve como un juicio más, sin ponderar que es un proceso que permite el control de todos los demás, pues prácticamente cualquier acto de cualquier autoridad del país es susceptible de ser analizado y controlado por esta vía.
"Cuando no se tiene un buen juicio de amparo se trastoca todo el sistema. Es sumamente importante para el funcionamiento de todo el orden jurídico mexicano que el juicio de amparo funcione y funcione bien", afirmó.
Además de los cambios institucionales y de normatividad, Cossío consideró que se requiere de un amplio proceso de capacitación para los juzgadores federales en el tema de derechos humanos.
Ello, debido a que la reforma amplía la protección del juicio de amparo a los derechos humanos reconocidos no sólo en la Constitución, sino en todos los tratados internacionales de los que México forma parte.
