El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, recomendó al Senado regular el artículo 9 de la Constitución, que garantiza la libre manifestación pública, y cubrir una laguna legal a las autoridades, respecto de cuando decidir si una reunión es ilegal y cómo ejercer la fuerza pública, cuando se rebasa el derecho al libre tránsito.
Precisó que se trata de determinar cuándo es ilícita una reunión, y en ese sentido su alcance de ninguna manera trata de regular el derecho a la libre expresión, ni es autorizar la represión, ni criminalizar la protesta social.
Dijo que desde 1857, se fijan los mismos límites al derecho de reunión: que sea pacífica, con un objeto lícito, sin injurias contra la autoridad, ni se usen violencia o amenazas para intimidarla.
El ombudsman participó en el foro sobre armonización de los derechos de manifestación y de libre tránsito, en el que alentó a los legisladores a emitir una ley general, que disponga qué hacer en casos en que grupos caigan en actos ilegales.
