La inmensa tragedia del incendio hace cuatro años en Hermosillo el 5 de junio de 2009 de la Guardería ABC volvió a recordarse en estos días con marchas de los padres de las infelices víctimas reclamando justicia. Una vez más Juan Molinar Horcasitas que fue Director-General del IMSS fue acusado de ser el principal responsable. Nada más ajeno a la verdad.
Hay hechos que por ser tan obvios, escapan la atención. La desgracia de aquel día sorprendió a 141 niños que dormían. Dejó a 49 cruelmente quemados y asfixiados. Desde entonces toda la atención se ha ido sobre la institución que, siguiendo un patrón plenamente autorizado, delegó por subrogación el servicio público de guarderías a una empresa privada que fue creada ad hoc.
Las acusaciones judiciales formales enderezadas desde el primer momento fueron contra los copropetarios de la guardería. Maniobras y subterfugios legales posteriores los han protegido hasta la fecha pese a que son ellos, a los que se confió la operación diaria del servicio y mantenimiento de condiciones seguras, los verdaderos culpables. Son ellos los que aprovecharon las necesidades del IMSS para convertir el vital servicio público de guarderías en simple negocio.
Hasta ahora los ataques de los justamente indignados padres de los infantes muertos y lesionados han ido más contra el gobierno, por estimarlo un blanco político más visible y efectivo, que contra los dueños de la guardería. Son éstos, empero, a los que directamente pueden atribuirse las muchas negligencias que desde entonces se han ido descubriendo y que las inspecciones no cumplieron su propósito corrector. No se inhabilitó, por ejemplo, a la guardería por estar cerca de una gasolinera, nunca hubo espacio de estacionamiento, la bodega contigua de la SHCP formaba parte de la misma nave industrial, contenía material inflamable consistente en documentos del Gobierno de Sonora que al quemarse provocaron la desgracia.
Dicha bodega estaba separada de la guardería por una pared de poliuretano que no podría contener el fuego, además los detectores estaban incorrectamente instalados.
La bodega-guardería estaba hecha con materiales tóxicos, techos falsos, puertas de emergencia clausuradas, tabiques endebles y conexiones eléctricas improvisadas; no contaba con puertas de emergencia y un camión tuvo que ser lanzado contra el muro para tener acceso a la guardería en llamas.
Pero el 26 de mayo el inspector del IMSS certificó que la guardería, autorizada desde 2001 por el municipio, cumplía los requisitos de seguridad.
Los dueños de la guardería ABC se ampararon de inmediato. Un Tribunal federal habría de resolver, a principios de 2012, sostener el amparo considerando que operar una guardería sin observar la normatividad no justificaba proceder penalmente. Se explicó que la responsabilidad recaía no en los codueños sino en la persona moral que era Guardería ABC S.C.
El especioso argumento no funciona. Hay que entender en primer lugar que la responsabilidad penal es necesariamente de persona física. En segundo lugar el que haya sido recién inspeccionada y aprobada la guardería no exime la obligación de respetar las normas aplicables. El taxista que incurre en una falta es el responsable y no la autoridad que le expidió la licencia tampoco lo excluye el que hubiera aprobado la última inspección.
La supervisión del que otorga la concesión tampoco releva de responsabilidad al concesionario. Es éste el responsable del uso que dé al objeto de la concesión y de mantenerlo en las condiciones adecuadas para proporcionar el servicio materia del contrato. Tampoco vale alegar que esta responsabilidad desaparece con el resultado favorable de una inspección.
Independientemente de la condición social o política de algunos de los concesionarias del ABC, la esencia del asunto está en que ellos inevitablemente son los responsables directos de las condiciones que produjeron la tragedia.
El que el director general del IMSS haya firmado el contrato de concesión sólo indica que, en ese momento, de acuerdo con los antecedentes del caso, las condiciones de la guardería cumplían los requisitos reglamentarios. No tenía por qué negarse a firmar la concesión.
El IMSS mantiene en el país 1,553 guarderías que atienden a los hijos de los derechohabientes como parte importante de sus prestaciones salariales. Las madres que trabajan son las que más aprecian su existencia que ofrece su diaria tranquilidad.
El que la subrogación a particulares, que ven en ese importante servicio solo un nicho de mercado para interesantes ingresos, genere incontrolables peligros como se vio en la Guardería ABC y seguramente en otros casos es un argumento para retener las funciones públicas donde realmente corresponden: bajo la responsabilidad directa de las entidades públicas.
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