La SCJN se ha ganado las primeras páginas por la gran carga de trabajo que le ha tocado despachar en estos días y por sus vastas implicaciones.
El asunto Cassez provocó preocupaciones válidas. Dejó en el más completo vacío jurídico las exigencias de justicia de las víctimas que señalaron la culpabilidad de la señora. Quedó la creciente convicción en casi todos los ámbitos de la comunidad nacional de que los Ministros de la Primera Sala ni siquiera siguieron una secuencia lógica que respaldase la decisión que resultó de un insólito viraje de último momento.
Al desechar la parte de la probanza que se estimó montada y artificial, se eliminaron, lisa y llanamente, los demás elementos y testimonios esenciales para entender todo el expediente. Aun cuando es sabido que la Corte no estaba llamada a pronunciarse sobre la culpabilidad de la Cassez, tampoco estaba en el ámbito de su encargo la opción de exterminar de un solo golpe el proceso entero.
El trabajo de la SCJN resultó deficiente. La hasta entonces presa acabó indultada, entendiéndose este término cuando, por cualquiera razón al sujeto se le releva de un castigo, o se le exime de la ley o de una obligación. El indulto fue completo sin que mediase justificación ni por razones de piedad de la autoridad, ni por ostensibles virtudes del sujeto.
Lo penoso es el entredicho en que quedó la Corte, ápice de nuestra pirámide judicial y expuesta la Nación al burlón montaje, éste como ironía, de las autoridades francesas. El Presidente Hollande no trató con el respeto que prometió a Peña Nieto, la decisión de la corte mexicana. Alentó el desprecio popular hacia nuestro país continuando el escarnio de su predecesor Sarcozy que tensó el caso hasta convertirlo en agravio de Estado. Lo único positivo en todo el vergonzoso asunto es que el sentenciar, desestimando elementos esenciales de un proceso como ahora se hizo, no creó jurisprudencia.
Si de lo que se trata es demostrar que la Suprema Corte ha de sostenerse contra toda presión externa, su decisión sobre el Amparo interpuesto por el Sindicato de Electricistas deja, en cambio, buena impresión. Desde luego no será la Corte la que pague el costo de la necesaria represión policiaca de las violencias callejeras que se esperan. Será la ciudadanía que sufrirá los desvíos, las interrupciones de tránsito y las explosiones de mufas. Poco costo en términos de mantener orden y avanzar en el control de fuerzas espureas disfrazadas de sindicalismo.
Tras de los dos asuntos arriba comentados, la Suprema Corte está a punto de ser llamada a definir lo referente a la amplitud de la obligación de los servidores públicos de declarar su patrimonio al asumir un nuevo puesto.
Hace unos días se difundió que el Presidente de la República había cumplido con su obligación de entregar "en tiempo y forma" su Declaración Patrimonial. La noticia no tendría mayor transcendencia a no ser que el acucioso ciudadano no encontró en los datos aportados por el declarante, elementos sustantivos que completaran la lista de inmuebles, muebles, obras de arte, joyas, vehículos, cuentas bancarias o inversiones la mínima indicación de montos y valores de las propiedades del exgobernador del Estado de México. Tal información, es la que da sentido a todo el mecanismo monitor de la transparencia administrativa de un gobierno, simplemente no figura en el documento de Peña Nieto. De no expresar este elemento toral, de qué manera puede hacerse la compulsa entre los valores del acervo antes y después de fungir en un cargo público.
La declaración insuficiente y surrealista que presentó el Presidente donde hay varias alusiones a "donaciones" como orígenes de los bienes que tiene, contrasta diametralmente con la de su predecesor, Felipe Calderón Hinojosa, que presentó su declaración patrimonial el 16 de enero de 2006, ante el Consejero-Presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, registrando un valor total de $ 8'803,885 pesos, listando los bienes inmuebles y muebles que lo componían.
Es cierto que la ley permite al declarante la opción de no permitir que se haga público los valores de sus propiedades. El Presidente Peña Nieto escogió dejar ocultos estos datos.
Pronto se avocará la Suprema Corte el asunto de la transparencia en las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. En el fondo el asunto radica en el derecho, ya constitucional, que tiene el ciudadano de conocer en detalle los bienes de los funcionarios públicos con el evidente y claro objeto de permitir constatar cambios en los mismos al expirar su mandato.
El caso es importante. Si se le exime al servidor público de cumplir con su obligación democrática de informar con exactitud a la ciudadanía su estado patrimonial estaremos presenciando el segundo indulto de esta repentina temporada judicial además de anular todo el sentido de la Ley Federal que rige la materia.
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