Trabajadores. Sergio Ajché en un jornalero que se gana la vida trabajando en la reconstrucción de viviendas destruidas que dejó el huracán 'Sandy'.
Patricio Zúñiga friega platos en un restaurante de Manhattan. Ivón Díaz Matamoros es un ama de casa que cuida a su bebé de ocho meses en Phoenix. El jornalero Sergio Ajché se gana la vida reconstruyendo viviendas destruidas por el huracán "Sandy" en Brooklyn.
No se conocen, pero los tres están unidos por un mismo drama: en momentos en que millones de extranjeros que viven en Estados Unidos sin autorización podrían ser cobijados por una reforma a las leyes de inmigración que les permitiría regularizar su situación, ellos no tienen esperanzas de acogerse a esa iniciativa.
Una gran cantidad de inmigrantes como ellos -cientos de miles, según activistas- no satisfacen los requisitos que se están contemplando para los beneficiarios de la reforma y seguirán haciendo una vida marginal.
Zúñiga, por ejemplo, llegó el año pasado y no sería cobijado. Díaz se declaró culpable de haber usado un número de seguro social falso, lo que la excluye. La inestable situación laboral del jornalero Ajché difícilmente le permitirá satisfacer los requisitos.
"Desafortunadamente algunas de las cláusulas (del proyecto de ley) han creado obstáculos que evitarán que cientos de miles, si no millones, participen o se registren en el programa. Creemos que estos obstáculos son innecesarios", dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Derecho Migratorio, con sede en Washington.
El proyecto de reforma - llamado S.744 - ofrecería un estatus legal provisional a inmigrantes sin documentos una vez que el Departamento de Seguridad Nacional certifique al Congreso que tiene un plan para reforzar la seguridad en la frontera. Quienes se acojan al plan podrían optar a la residencia permanente 10 años más tarde y a la ciudadanía en un total de 13 años, según la propuesta actual.
Los requisitos para lograr el estatus provisional inicial, sin embargo, son bastantes, y los que no sean aceptados por el gobierno serán deportados.
"Nuestro trabajo es temporal, nada estable. Acá estamos dos meses y ya casi se termina y tenemos que esperar a que otro patrón nos busque", dijo el guatemalteco Ajché mientras martilleaba en el sótano que reconstruía en el barrio de Far Rockaway, Brooklyn.
"Escuchar sobre la reforma me causa alegría porque quizá pueda ver a mi familia de nuevo, pero al mismo tiempo creo que nos están destituyendo del plan. Nosotros hacemos el trabajo sucio, y somos muchos, pero los requisitos son muy complicados", expresó Ajché, quien lleva 10 años en Estados Unidos y cobra unos 130 dólares al día por reconstruir el sótano.
De momento uno de los requisitos para ser abarcado por la reforma es haber llegado antes del 31 de diciembre de 2011.
"Por mala suerte llegué en 2012. Ya no puedo", se lamentó el mexicano Zúñiga, quien dejó a su esposa embarazada y dos hijos en el poblado de San Pablo Zitlaltepec, en Tlaxcala, y cruzó la frontera ilegalmente por Sonora, llegando a Estados Unidos el 10 de diciembre de 2012. "Quisiera acogerme a la reforma porque hay que echarle ganas, salir adelante, para no estar muy lejos de mi familia, para estar lo más cerca posible".
Dos enmiendas al plan podrían ampliar el plazo, aunque tropiezan con la firme oposición de quienes tratan de debilitar la iniciativa. Se han presentado aproximadamente 300 enmiendas que están siendo debatidas en Washington y que podrían cambiar los requisitos del plan sustancialmente.
La mexicana Díaz queda afuera porque fue arrestada durante una redada en un restaurante chino, en Arizona, y se declaró culpable de usar un número del seguro social falso. Ese cargo la excluye de la reforma. También quedan afuera las personas acusadas de poseer marihuana o de haber participado en una pelea, y quienes hayan sido deportados y no tengan esposas, esposos, padres o hijos en situación legal en Estados Unidos.
Algunos políticos republicanos y partidarios de medidas más restrictivas para controlar la llegada de inmigrantes consideran la reforma como una amnistía que perjudicará la economía estadounidense y la situación laboral del país.
Los excluidos del plan quizá no sean tantos como los que podrían haber sido hace años: varios estudios indican que menos inmigrantes cruzan la frontera ilegalmente debido al refuerzo de las medidas de seguridad y la falta de empleo en Estados Unidos.
