Justicia. El padre Alejandro Solalinde (i) , Gloria Aris Angela (c) y familiares de las 72 víctimas de la masacre en San Fernando, Tamaulipas (2010) en la inauguración del TPP.
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) inició la preaudiencia sobre la masacre de 72 migrantes ocurrida hace tres años en San Fernando, Tamaulipas, por el que busca sentar bases a fin de enjuiciar a las autoridades que resulten corresponsables en esos hechos y de la muerte de otros migrantes.
En las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), los integrantes de la preaudiencia del TPP leyeron los nombres de los migrantes muertos y de decenas que aún no han sido identificados.
En su oportunidad, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia recordó que este caso visibilizó una realidad que desde hace mucho tiempo no había sido vista en toda su magnitud.
En búsqueda de una vida mejor, al pasar por territorio mexicano "ya habían sido víctimas frecuentes de abusos de las autoridades mexicanas y ahora, en este desafortunado contexto que vivimos en el país, lo son también de los grupos criminales", añadió.
Reconoció la importancia de la preaudiencia del TPP no sólo para hacer justicia a quienes han sido víctimas durante su tránsito por México, sino para recordar las obligaciones del Estado mexicano con toda persona que ingrese a territorio nacional, de garantizar la protección de sus derechos.
De acuerdo con el TPP los crímenes contra los migrantes, como el de San Fernando, las fosas clandestinas descubiertas en ese mismo municipio en 2011, la masacre de Cadereyta en 2012 y las constantes redadas y agresiones de las que son objeto, son actos y omisiones que constituyen un contexto de terror.
"Los costos humanos de las políticas migratorias impuestas por los Estados Unidos en territorio mexicano incluyen a más de 100 mil migrantes secuestrados, violados y extorsionados en 2007, más de 70 mil migrantes desaparecidos y un número estimado de 24 mil sepultados en fosas comunes", refirió en un comunicado.
El TPP es un organismo internacional no gubernamental integrado por personalidades con autoridad moral, diversas disciplinas e ideologías, que revisa las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos, y de encontrar que han sido vulnerados, denuncia a los responsables ante la comunidad internacional.
En entrevista, el padre Alejandro Solalinde Guerra, coordinador del albergue Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca, se refirió al tema y la política en las últimas administraciones.
"Para que fluya el trato y la política pública en favor de los migrantes se necesita que la ley esté correcta, la ley está más o menos bien aunque puede perfeccionarse, pero el reglamento la hace inoperante y no hay financiamiento para esto", argumentó.
La preaudiencia de este tribunal no gubernamental denominada "Militarización de las fronteras, criminalización y desaparición forzada de migrantes en tránsito" se llevará a cabo del 19 al 23 de agosto, con mesas redondas con miembros del jurado internacional, así como casos de derecho al refugio al asilo y actividades culturales.
