Uruguay podría ser un país de segunda en el plano de la política global. Después de todo su territorio es un poco menor al del estado de Sonora y su población apenas supera los 3 millones de personas. Sin embargo, la despenalización del aborto hasta la semana 12 en el 2012, la aprobación del matrimonio igualitario este 2013 y la reciente legalización del mercado de la marihuana ponen a este país en la mira de tres de los debates sociales que algunos países de América Latina también discuten y Uruguay podría ser una mirada hacia el futuro de hacia dónde se mueve el Hemisferio en estos temas.
Me concentro en el tema de la marihuana porque en la Ciudad de México ya hay aborto legal y seguro hasta la semana 12, así como matrimonio igualitario y porque en la capital del país ha vuelto a revivir el debate de la legalización de la marihuana luego de que el legislador perredista Fernando Belaunzarán presentara una iniciativa en 2012, así como después de las conclusiones de un seminario realizado recientemente en el Centro Fox y de que un grupo de exsecretarios y de intelectuales hayan dado su apoyo a la regulación del mercado de la marihuana.
Desde junio de 2012, el presidente uruguayo había propuesto un debate sobre la regulación de la producción y distribución de la marihuana. En su país, al igual que en México, el consumo no estaba penalizado, pero sí los otros dos puntos. Mújica lo hizo pese a que la mayoría de la población se manifestaba en contra, incluido su antecesor Tabaré Vázquez, y al inicio con un apoyo débil del Frente Amplio, una coalición de partidos de las izquierdas al que pertenece el mismo Mújica y que tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso uruguayo.
Poco a poco, la habilidad política de Mújica se impuso y el Congreso acaba de aprobar la legalización de la producción y distribución de la marihuana, por pocos votos en la Cámara de Diputados y por una mayoría en la de Senadores. Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en regular este mercado y seguramente el fin del prohibicionismo seguirá en otros países sudamericanos, salvo Colombia, así como en Ciudad de México y en algunos estados en Estados Unidos, donde unos 35 tienen ya aprobado el uso medicinal del cannabis y otros regularon ya el mercado para el consumo a mayores de edad (Washington y Colorado).
Ante esta realidad, el gobierno de Enrique Peña Nieto puede voltear a ver la experiencia de Uruguay. Primero porque la despenalización uruguaya no tiene que ver con un tema electoral. La mayoría de la población estaba en contra del tema y el mismo presidente Mújica enfrenta una elección el próximo año. Si bien él ya no se podrá presentar al cargo, su vicepresidente sí puede competir por el cargo y la despenalización podría ser usada en contra de su campaña electoral por la oposición uruguaya. Mújica impulsó la despenalización a pesar del ambiente electoral y lo hizo argumentando que ello ayudaría a reducir la violencia generada por el tráfico de la marihuana.
Tal argumento uruguayo no debería ser impulsado por quienes en México busquen la despenalización. Porque como ha demostrado el investigador Alexandro Hope, la legalización de la marihuana no liquidaría a los cárteles de la droga ni tampoco reduciría significativamente la violencia en el país. Los cárteles de la droga han diversificado sus acciones criminales y es en el secuestro, la extorsión y en la trata de personas en donde se registra la mayor violencia, así como en la producción de otras drogas duras como las metanfetaminas y en el tránsito de la cocaína.
El debate de la despenalización en la Ciudad de México debería enmarcarse en un tema de libertades, de salud pública y de ganancias económicas para la ciudad. De libertades porque el prohibicionismo criminaliza a quien se fuma un churro de marihuana al día, pero no hace nada contra quien se consume una botella de alcohol, diariamente. De salud pública porque la regulación del mercado podría llevar a realizar campañas más fuertes y sin tabúes sobre el consumo de la marihuana, como se hacen contra el consumo del tabaco o del alcohol.
Un eventual debate sobre la despenalización a nivel federal deberá incluir además de esas dos razones, las económicas porque como argumenta Arturo Rocha en un blog del sitio Animal Político, los ingresos del Estado mexicano con una eventual legalización a nivel federal podrían significar duplicar las finanzas de la Auditoría Superior de la Federación con lo cual se podría combatir la corrupción con más recursos. Y qué decir de que con la legalización a nivel federal dejaríamos de ver a los miles de soldados del Ejército mexicano destruyendo plantíos de marihuana para mejor destinarlos a otras actividades.
La regulación del mercado de la marihuana ya pasó en Uruguay y empieza a tomar vuelo en EU y en una iniciativa que prepara el Partido Liberal de Canadá. Poco falta para que el prohibicionismo con respecto al cannabis despegue en otros países latinoamericanos, con lo cual se forzaría al gobierno de EU, que ha impuesto el prohibicionismo en el Hemisferio, a reconceptualizar su enfoque. El Continente Americano, México incluido, está en la antesala de la despenalización.
Politólogo e Internacionalista
Twitter @genarolozano
