El gobierno de México debe cumplir con su promesa de elaborar una base de datos confiable y completa de los desaparecidos durante la llamada "guerra contra el narcotráfico" que emprendió el presidente Felipe Calderón, en la que sea transparente la metodología que se utiliza para incorporar cada caso, con datos fidedignos; un proceso que se debe acompañar de investigaciones para ubicar el paradero de las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.
La organización Human Rights Watch se pronunció así sobre el compromiso que asumió el gobierno de Enrique Peña Nieto de crear el registro oficial de desaparecidos, luego de que al inicio del sexenio se dio a conocer la existencia de una lista de más de 26 mil víctimas, que de acuerdo con las autoridades sería revisada y depurada para tener una base de datos real sobre el fenómeno.
Al respecto, HRW indicó en un comunicado que "el gobierno mexicano debería asegurar que el proceso de creación de una base de datos nacional sobre desaparecidos sea exhaustivo, eficiente y transparente; su elaboración debería estar acompañada por investigaciones rigurosas para determinar el destino de las miles de personas cuyo paradero aún se desconoce".
El director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, recordó que en febrero de este año, el gobierno anunció que estaba revisando la base de datos de más de 26 mil personas denunciadas como desaparecidas o extraviadas, que fue compilada por la Procuraduría General de la República (PGR); pero las autoridades indicaron que muchos de los nombres en la base probablemente serían eliminados.
De hecho, para HRW "la lista original presenta problemas significativos, como incongruencias y datos incompletos, y no incluye los nombres de numerosas personas cuya desaparición ha sido denunciada".
Por ello, Vivanco indicó que "el gobierno de Peña Nieto dio un paso importante al reconocer la magnitud de la crisis de los desaparecidos cuando difundió la lista provisoria de personas desaparecidas y extraviadas; ahora deberá cumplir su promesa de elaborar un registro confiable y completo, que deberá ser complementado con investigaciones serias para buscar a las personas desaparecidas y llevar a los responsables de estos delitos ante la justicia".
En su informe "Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada", HRW analizó 249 desapariciones ocurridas durante el gobierno de Calderón, e identificó evidencias convincentes de desaparición forzada en 149 de esos casos, y en todos los casos hubo deficientes investigaciones.
De hecho, denunció que "México no cuenta con un sistema nacional que permita a los estados intercambiar o buscar información sobre personas desaparecidas, o alertar a la policía y hacer búsquedas en hospitales, cárceles y otras instituciones cuando desaparece una persona. La falta de un registro de esta naturaleza también ha dificultado la posibilidad de determinar la magnitud a nivel nacional de las desapariciones".
Vivanco recordó que el 21 de febrero pasado el secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong confirmó la existencia de la base de datos con más de 26 mil nombres de personas desaparecidas y extraviadas, y anunció que se crearía un registro nacional unificado; además el gobierno ha indicado reiteradamente que muchos nombres serían eliminados de la lista original; además el 30 de octubre, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que, en la mayor parte de los casos de personas reportadas como desaparecidas, se les encuentran, y que los que no se encuentran son "muchos menos, pero muchos menos, que las cifras que se manejan."Por ello, el experto indicó que "al revisar la base de datos, el gobierno de Peña Nieto debe evitar repetir los errores que se cometieron al elaborar una lista que está plagada de omisiones y datos contradictorios (...) Únicamente si se adoptan directrices sistemáticas y transparentes para revisar los casos y se asegura la incorporación de información clave, el gobierno podrá generar confianza y elaborar el registro creíble de desapariciones que ha prometido y que México necesita".
Además, HRW destacó que El gobierno no ha revelado públicamente la metodología aplicada para "depurar" la lista, ni tampoco las medidas que ha adoptado para asegurar que se añadan datos o casos que faltan.
Consideró que Osorio Chong expresó el compromiso de llevar a cabo el proceso con "transparencia", pero no ha especificado qué criterios emplean las procuradurías de los estados para distinguir aquellos casos en que las evidencias sugieren que las víctimas fueron objeto de desaparición forzada u otro tipo de desaparición, de situaciones en que se presume que la persona se encuentra extraviada por otros motivos.
Expuso que "no resulta claro qué estándar de prueba exigirán las autoridades locales para remover a una persona del registro original, si estas conclusiones serán constatadas de manera independiente por autoridades federales, ni qué papel desempeñará la unidad especializada de búsqueda de la PGR en ese proceso".
Vivanco señaló además que tampoco se sabe si las autoridades prevén adoptar algún tipo de medidas, y en ese caso cuáles, para informar a los familiares las conclusiones alcanzadas con respecto a las personas desaparecidas, o si estos tendrán la posibilidad de impugnar la determinación de que una persona ha sido localizada.
Por ello insistió en que "si bien es importante crear un registro nacional confiable, el gobierno no puede olvidar que esta medida es un primer paso para cumplir la obligación central de investigar y sancionar a los responsables de las desapariciones, buscar a estas personas y asegurar que los familiares de los desaparecidos reciban el apoyo económico y psicológico que históricamente se les ha negado".
