El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) indicó que México requiere de una reorientación mayúscula, para asegurar un esquema fiscal y macroeconómico más competitivo para el 2014, que además, contribuya a resolver los problemas estructurales del sistema hacendario mexicano.
En los últimos días, el CCE y el sector empresarial plantearon sus preocupaciones y propuestas a los legisladores como a las autoridades hacendarias, en el marco de un diálogo fluido y abierto en el que se encontró receptividad.
"Tras el desarrollo de los trabajos de 15 mesas técnicas que reunieron a representantes de nuestro sector y de la Secretaría de Hacienda, estimamos que varias solicitudes tienen amplias posibilidades de prosperar. Sin embargo, los temas pendientes son de gran calado, todavía sin avances definitivos de solución", enfatizó el CCE.
La máxima cúpula empresarial hizo un llamado a los legisladores y a las autoridades hacendarias para sensibilizarse con los retos económicos del país, y que no se limiten a necesidad de aumentar la recaudación.
En el frente de competitividad, inversión y empleo, para no afectar gravemente al mercado interno, precisó eliminar la proposición de golpes al poder adquisitivo, como IVA en colegiaturas.
Ya que dijo es factible actualizar la tarifa de ISR para personas físicas y aplicar la nueva tasa a salarios considerablemente altos, para realmente cumplir con el objetivo de progresividad.
"Si no hay cambios, la afectación global a la percepción neta de un padre de familia con ingresos de entre 20 mil y 50 mil pesos al mes podría ser de entre 6 y un 10%", reveló.
Entre sus propuestas están bajar la tasa corporativa y la de dividendos propuesta, porque en el esquema, quedamos en gran desventaja ante una tendencia mundial de disminución impositiva: 47% frente a otros países como Estados Unidos, donde la carga es de 35 por ciento, al igual que en la OCDE, que es del 28%.
En cuanto a la consolidación fiscal, pidió afinar el mecanismo alternativo. Igualmente, corregir el régimen de incorporación y mantener la deducción inmediata en inversiones, esto es fundamental, porque quitarla va en sentido contrario de la imperiosa necesidad de generar crecimiento y empleos.
La no deducibilidad parcial de prestaciones sociales y laborales, de pasar como está, tendrá repercusiones que pueden llegar al 8% en la tasa efectiva global para creación de empleos formales, además de limitar las estrategias concertadas entre trabajadores y empresas para elevar la productividad. Para profesionistas, clase media y empresarios Pyme, la limitación para deducir gastos anuales hasta 47 mil pesos o 10%, sería un durísimo golpe.
En vivienda, un sector que de por sí presenta un escenario muy complicado, es fundamental mantener tasa cero de IVA en compra, venta y renta, así como sobre intereses hipotecarios.
Por lo que, es necesario, corregir aspectos de deducibilidad y acreditación de gastos. La iniciativa no afecta a la modalidad de interés social, pero sí de manera importante a la clase media.
Con el impuesto al carbono, la reforma implicaría un incremento en las tarifas eléctricas de por menos 4% para la planta productiva.
Como contrapropuesta, hay opciones como acelerar el desliz del precio de las gasolinas. En este sentido se encarecen costos y, por otro lado, se inhibe la inversión requerida para la transición energética, con fuentes renovables.
En un comunicado enfatizó que hoy preocupa mucho la seguridad jurídica para los contribuyentes, porque hay omisiones, excesos y una notable falta de mecanismos de transición, falta resolver puntualmente los riesgos para múltiples sectores, como el asegurador, financiero, construcción, vivienda, automotriz, minero, bebidas, agropecuario, fronterizo y maquiladoras, entre otros, en muchos de estos casos, hay avances sustanciales con la autoridad.
"Hay que combatir la informalidad con eficacia a través de incentivos fiscales, crediticios, de salud, capacitación, reestructurar entidades públicas con problemas financieros, como el propio IMSS e institutos electorales".
Y comentó que acordaron generar una mesa permanente para revisar la eficiencia y el uso del gasto público y generar ahorros sustanciales, que se traduzcan en finanzas públicas más equilibradas, en apoyo a la población más desprotegida y en favor de la inversión.
"Nuestro llamado es a generar equilibrios y lograr acuerdos que produzcan alternativas viables que redunden en mayor crecimiento, finanzas públicas sólidas y bienestar para todos los mexicanos. Confiamos en la legislatura, y en los señores Senadores y Diputados", finalizó.
