México rezagado en el control de armas

Si no hay certeza en el número de armas legales en el país, mucho menos en los cálculos que giran en torno del armamento ilegal. Hasta 2010, organizaciones internacionales como la Red Internacional de Acción contra el Tráfico de Armas Pequeñas y Ligeras (IANSA, por sus siglas en inglés) cualculaba que cada año ingresaban al país de manera ilegal aproximadamente 2 millones de armas. En su informe "La globalización del delito", elaborado en 2010, la ONU asegura que son 20 mil al año provenientes de Estados Unidos, y en 2009 la PGR calculó que 60 mil armas ingresaban al país de manera ilegal.

Cualquiera que sea el número, la eficiencia de las autoridades queda en entredicho en la relación con respecto de las armas aseguradas en las fronteras: poco más de 42 mil en la frontera con Estados Unidos en un sexenio y apenas 951 en la frontera sur con Centroamérica.

El gobierno mexicano, por su parte, nunca ha desmentido las cifras aportadas por el proyecto de investigación Small Arms Survey, el cual elabora cada año un estudio sobre tráfico y uso de armas en el mundo. En 2007 esta organización calculó que en México circulaban 15.5 millones de armas en poder de particulares, lo cual colocaba a México en el lugar 6 de la lista de los 10 países con mayor número de armas en manos de civiles, sólo por debajo de Estados Unidos, China, India, Alemania y Pakistán.

Las cifras de proyecto Small Arms Survey, que opera con el apoyo de gobiernos y organismos internacionales y bajo el resguardo institucional del Graduate Institute of International and Development Studies con sede en Génova, Suiza, ha sido retomadas por otras instituciones nacionales y de Estados Unidos, como México Evalúa y el Woodrow Wilson Center.

Más allá de los números, la pregunta es cómo entran las armas al país y llegan hasta el centro de la Ciudad de México, dice el investigador Miguel Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Otra vez la corrupción es la respuesta: "Para que haya tráfico de armas necesariamente tiene que haber colusión de las autoridades", dice el especialista, quien señala a las aduanas de puertos como uno de los puntos más débiles de control para evitar la entrada ilegal de armas.

"Los puertos mexicanos son una gran puerta de entrada ilegal para las armas, porque Mexico no tiene un programa eficiente y expedito que permita inspeccionar la carga de los contenedores trasnportados por barcos", asegura.

A pesar de lo anterior, ni la Sedena ni la PGR dan cuenta de armas aseguradas en aduanas de puertos específicamente, aunque en número totales dan cuenta de al menos 117 armas decomisadas cada día durante el sexenio de Felipe Calderón.

Esto es 160,642 armas aseguradas entre diciembre de 2006 y junio de 2012, de las cuales 106 mil 233 estaban en poder de organizaciones y personas dedicadas al tráfico de drogras, de acuerdo con los informes de rendición de cuentas de la Sedena.

La PGR, por su parte, reportó en su propio informe el aseguramiento de otras 95,388 armas, lo que indica que entre las dos corporaciones decomisaron 256,030 armas en seis años.

El Ejército además recabó otras 55,590 piezas durante las campañas de canje en todo el país, en el mismo período y más de la mitad sólo en los años 2007 (9,524) y 2008 (13,935).

En total fueron 311,622 armas que circulaban en las calles en un sólo sexenio. Pero queda una duda: "¿Dónde terminaron?", se pregunta Barrón.

La Sedena reporta la destrucción de 184 mil. Otras, de acuerdo con la dependencia, se utilizan para el entrenamiento táctico y aquellas "muy especiales" aseguradas al narco, con incrustaciones de oro o diamantes, se hallan en las bodegas de bienes asegurados o en los museos del Ejército.

Sin embargo, advierte el investigador del Inacipe, antes de destruirlas habría que saber cuántas de esas armas pasaron por un proceso de investigación para saber si tuvieron o no relación con homicidios.

Esta falta de transparencia e información sobre el destino de las armas aseguradas al crimen también incrementa las posibilidades de que las piezas lleguen al mercado negro, explica la investigadora Magda Coss.

"La falta de rigor en los procedimientos de detención y aseguramiento de armas a delincuentes y al crimen organizado permiten que los policías reporten una cantidad menor que la decomisada efectivamente. Además, no existe un proceso para que la Sedena compruebe que ha recibido la totalidad de las armas aseguradas durante un operativo. Por esa razón se registran robos una vez que ha comenzado el plazo de las 72 horas que tiene la autoridad para turnar el arma de fuego a la Sedena", analiza.

 EL COSTO DE LAS ARMAS Para el investigador del Inacipe, Miguel Barrón, en los años recientes en México hay dos puntos de despegue en el uso de armas en México: a partir de 1996, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, y con Felipe Calderón.

"Hay que recordar que Zedillo lanza la primera lucha contra el narco y consigue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita seis tesis jurisprudenciales que avalan la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico", dice.

No es casual entonces que a partir de 1997 las tasas de homicidios con arma de fuego se dispararan en casi todas las entidades, o que incluso fueran superiores en comparación con 2010, como ocurre con los casos de Zacatecas, Veracruz, Tlaxcala, San Luis Potosí, Colima y Chiapas.

En ese período hubo incrementos que despuntaron especialmente, como el caso de Sinaloa y Chihahua y Durango. La primera entidad registró en 1997 una tasa 18.93 homicidios con arma de fuego por cada 100 mil habitantes y para 2010 su índice ya había alcanzado 70.6. La segunda pasó de 5.3 en 2000 a 70.3 en 2010, y en la tercera la tasa pasó de 2.27 a 49.6.

Ahora mismo, en 5 de cada 10 homicidios dolosos que ocurren en México, hay involucrada un arma de fuego cuyo origen será incierto en tanto las autoridades no refuercen los controles de tráfico en las fronteras, combatan la corrupción en las corporaciones policiacas, enmienden los vacíos en la legislación y presiones a Estados Unidos para el control de la venta en su frontera.

De poco nos sirve una estricta Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos --que permite sólo la posesión en el domicilio y prohíbe su portación y comercio-- si la corrupción sigue abriendo canales para el tráfico a través de las aduanas, puertos y aeropuertos, dice Magda Coss.

Por lo pronto, México tiene que pasar de la preocupación a los hechos, recomienda la maestra Arlene Ramírez y aprovechar el debate y los cambios recientes en Estados Unidos en torno del comercio de amas, para presionar más a las autoridades de aquel país en los espacios bilaterales de cooperación en seguridad.

"El actual gobierno del país necesariamente tendrá que incluir en el Plan Nacional de Desarrollo un rubro para el control de armas, que sea parte de la política de seguridad pública y de pacificación para el país", dice.