Es criminal que a cuatro generales, un teniente coronel y un mayor del Ejército los haya consignado la PGR durante el gobierno de Felipe Calderón por supuestos nexos con el narcotráfico porque lo declararon dos "testigos protegidos".
Es irresponsable, asimismo, que al cabo de ocho meses de las consignaciones, el juez federal Raúl Valerio Ramírez haya solicitado información a la PGR sobre presuntos ilícitos de los militares y hasta el lunes pasado informó que esa dependencia le comunicó no tener corroborado, por medio convictivo alguno, las afirmaciones de "Jennifer" y "Mateo", testigos utilizados por la SEIDO. La propia Secretaría de la Defensa Nacional hizo gala de poder al detener a los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas, Rubén Pérez Ramírez y Roberto Dawe Gonález, así como al teniente coronel Silvio Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, para luego presentarlos en la PGR.
Afirma la esposa de Ángeles Dauahare, Leticia Zepeda, que nunca ha entendido por qué tanta saña contra su marido, si no tenía enemigos y de pronto le salieron unos poderosísimos.
Desde la detención de los militares se supo que el general criticó la "guerra" de Felipe Calderón contra el narcotráfico y por ello se procedió contra él y los otros. O sea, es una venganza política de corte calderonista contra miembros del Ejército. Hasta ese punto llegan los odios. Por sed de venganzas se recurre a delincuentes habilitados como testigos y la misma PGR ha hecho escarnio de los detenidos mediante prolongados arraigos. A la vez, realiza consignaciones sin elementos probatorios y presiona a jueces para lograr autos de formal prisión.
Si bien Jesús Murillo Karam hace a un lado las figuras del arraigo y de testigos protegidos, urge que diputados y senadores desaparezcan esas figuras porque han servido para cometer incontables arbitrariedades.
La exprocuradora Marisela Morales Ibáñez debió ser llamada a cuentas para declarar por qué decidió consignar a dichos militares sin demostrar la comisión de delitos.
Murillo Karam ha de tener en su escritorio las fichas de "Jennifer" y "Mateo". Al primero se le utilizó para formular acusaciones contra numerosos detenidos, como si supiera todo sobre narcotráfico. El otro era un traficante de drogas, también conocido como El Grande y, seguramente, pactó su caso con la procuradora Morales. Son los arreglos oscuros en procuración de justicia.
LO PEOR SUCEDE en el máximo tribunal de México. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tres ministros, a propuesta de Olga Sánchez Cordero, aprobaron un amparo "liso y llano" para poner de inmediato en libertad a la francesa Florence Cassez, acusada de secuestro y sentenciada a 60 años de prisión.
Como ponente, Sánchez Cordero proyectaba un amparo "para efectos", y que fuese dictada otra sentencia, una vez eliminadas las declaraciones de tres testigos de cargo. Pero a última hora supo ella que el recién llegado a la SCJN Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena estaba dispuesto a votar por dicho amparo y la ministra no dudó en cambiar su propuesta de libertad inmediata, apoyada también por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Se pronunciaron en contra los ministros Jorge Pardo Rebolledo y José Ramón Cossío.
Ningún togado argumentó inocencia de la secuestradora y el propio Ortiz Mena afirmó que el montaje televisivo hecho por la AFI en la detención de Florence Cassez, el 9 de diciembre de 2005, "tuvo efecto corruptor sobre el proceso en su contra, afectando su derecho a la presunción de inocencia y defensa adecuada".
Patraña mayúscula. Bajo este precedente nefasto, que también dejen libres al "Mochaorejas", a Édgar Valdés "La Barbie", a Costilla Sánchez "El Coss" y a tantos otros exhibidos a través de las cámaras de televisión.
¿Esperan el Gobierno mexicano y la SCJN que el presidente francés, Francoise Hollande, les envíe sus parabienes y Sánchez Cordero vaya a disfrutar las delicias de París?
(www.felixfuentes.com.mx)
