Para muchos, el proyecto de reforma hacendaria presentada por Enrique Peña Nieto habrá sido no sólo una sorpresa, sino también una decepción. Resultó muy corta, con muy bajo incremento a la recaudación y que no cumple los propósitos que originalmente había planteado Peña.
Desde luego se avanza en limitar los privilegios fiscales de las cúpulas empresariales, pero no incrementa la base gravable ni contribuye significativamente a formalizar la economía. No queda claro con qué recursos se podrá financiar adecuadamente las pensiones de los adultos mayores o el seguro de desempleo (si bien en parte éste será costeado por las empresas, lo que desincentivará nuevamente la formalización de los informales). En pocos años veremos la discusión de una nueva reforma hacendaria, ésa sí "estructural y profunda" (o eso se dirá).
Desde luego, se entiende que en la iniciativa del Ejecutivo predominó una racionalidad política más que económica; como bien se ha dicho, se decidió sacrificar la esencia de esta reforma a cambio de dar mayores probabilidades de aprobación a la conflictiva reforma energética; de haber incluido IVA a alimentos y medicinas, la amplitud e intensidad de la movilización organizada por la izquierda contra ambas reformas las habría puesto en riesgo. Es por eso que muchos señalan que volvió a ganar la calle. El cálculo probablemente fue que incorporar buena parte de las demandas del PRD en este campo dividiría nuevamente a la izquierda (fuertemente unificada en torno a lo energético); el PRD negociador lo celebraría como un triunfo, en tanto que los obradoristas dentro y fuera del PRD descalificarían la reforma pese a incluir parte de su propia plataforma programática. Y es que el obradorismo, ya se sabe, no es un movimiento de tipo propositivo, sino confrontativo; no busca que avancen sus propuestas en las políticas públicas y el marco legislativo, sino desprestigiar y aislar al máximo al gobierno en turno (en tanto no sea Andrés Manuel López Obrador quien lo encabece), para debilitarlo y generar condiciones de desestabilización que - presuntamente - faciliten la llegada del obradorismo al poder. Por eso también los obradoristas apoyan a los maestros no sólo en sus demandas, sino en los medios de acción directa a los que recurren, así impliquen violación a las leyes y la afectación a terceros. Es parte esencial de la estrategia desestabilizadora.
Peña Nieto tuvo que olvidarse del IVA a medicinas y alimentos porque ese impuesto se ha convertido en un dogma para la izquierda en México, así como un anatema (pues quien ose siquiera proponer tal impuesto y discutirlo racionalmente, es tildado de fascista, imperialista o antipatriota). No sucede así con las izquierdas de otras partes del mundo que incluso desde el gobierno han respaldado ese impuesto, y no en proporción pequeña. Pues justo el IVA generalizado permite ampliar la base de contribuyentes y es más sencillo de recaudar con menos posibilidades de evasión. Lo que, como ha sugerido Santiago Levy, exdirector del IMSS, permitiría - junto a otras propuestas fiscales - recibir muchos más recursos con los cuales se podría financiar adecuadamente un seguro social para todos. El IVA a medicinas y alimentos es progresivo en términos cuantitativos (pagan más los más adinerados), pero regresivo en términos proporcionales (los más pobres le destinan un mayor porcentaje de su ingreso). Esto podría compensarse con creces con un seguro social en serio, como propone Levy, pero incluso podría subsanarse con un pago directo no sólo a quienes estén en los padrones del gobierno (incompletos y sesgados), sino a todos los ciudadanos por igual. Eso evitaría dejar fuera a quienes no estuvieran en los padrones oficiales, sino que también paliaría el costo del IVA a los segmentos por arriba de los más pobres; si a la capa más baja le permitiría recuperar el 100 % de lo devengado, en la siguiente le repondría, por decir, 90 %, y en la siguiente 80%, y así sucesivamente. El impacto a los sectores más humildes sería así reducido, en mayor medida a los que menos tienen. El desembolso por dicha compensación directa sería mucho menor de lo recaudado con ese nuevo impuesto. Y con dicha aplicación, el IVA sería progresivo tanto cuantitativa como proporcionalmente. No tendría por qué haber objeción de parte de la izquierda. Claro, en caso de que recurriera al razonamiento racional en lugar de al dogmatismo ideológico. Algo poco probable.
Investigador del CIDE
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