Paradójicamente cuando mayor poder puede acumular el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) más débil parece. La propuesta de reforma enviada por el presidente Enrique Peña Nieto, que con modificaciones fue aprobada en la Cámara de Senadores, le otorga autonomía constitucional y atribuciones para revisar las resoluciones que tomen los órganos de transparencia estatales, por lo general sometidos a los ejecutivos estatales, con lo cual el IFAI podría significar para la transparencia, lo que el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación representó para los procesos electorales estatales.
Sin embargo, designaciones equivocadas del entonces presidente Felipe Calderón, particularmente de los últimos comisionados, generaron diferencias entre los integrantes del órgano de dirección de dicha institución, que son aprovechados por algunos partidos políticos para embestir en contra de la misma.
La representación más espectacular de las diferencias se dio hace unas semanas, durante la toma de protesta del nuevo presidente Gerardo Laveaga. Durante la misma el otro aspirante a dicha posición, el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, arremetió en contra de Laveaga y no únicamente cuestionó su desconocimiento del tema, sino que denunció su falta de interés por prepararse en el mismo y el rezago en la resolución de expedientes que le fueron asignados; además señaló que uno de sus votos provenía de la comisionada Sigrid Arzt Colunga, sujeta a un procedimiento administrativo interno por presunto conflicto de interés, ya que incluso integró expedientes de asuntos que ella misma (tras un seudónimo) había llevado a conocimiento del IFAI.
Los medios de comunicación dieron cuenta de sus expresiones y muchos lo interpretaron como una crisis institucional. En México todavía las diferencias en los órganos colegiados, especialmente si involucran al presidente del mismo, se interpretan necesariamente como una crisis institucional, cuando en realidad son la expresión de la diversidad presente en éstos, es decir, dichas diferencias en realidad son una manifestación positiva y entre más evidentes y ásperas sean, mejor. Lo más preocupante en un órgano colegiado es la unanimidad y no las votaciones divididas.
Tampoco debe asustar a nadie el que se recurra a cuestiones personales, cuando éstas tienen vinculación directa con el desempeño o la personalidad del integrante del órgano. Basta revisar lo que sucede en el Congreso norteamericano cuando se tiene que ratificar o designar alguna de las propuestas del presidente, la revisión personal a la que se somete al candidato es verdaderamente minuciosa y muchos no han podido llegar a posiciones muy importantes, por asuntos cien por ciento de su vida personal, pero que desde luego muestran rasgos de su personalidad que pueden afectar su desempeño como servidores públicos.
Los casos más sonados fueron las dos candidatas a procuradoras generales (Zoe Baird y Kimba Wood) propuestas por el entonces presidente Bill Clinton, que fueron rechazadas porque tenían o habían tenido trabajadores domésticos que eran inmigrantes ilegales en los Estados Unidos o el candidato a la Suprema Corte, Steven Breyer, que tuvo una empleada doméstica (legal) pero a la que no inscribió en el seguro social.
Lo que verdaderamente es preocupante es que los legisladores vuelvan a evidenciar su poco respeto por la autonomía que deben tener estos órganos. Y aquí también hay que delimitar muy bien las fronteras: no debe escandalizar el que los llamen a comparecer y los cuestionen sobre el funcionamiento del órgano, pero sí es problema que la manifestación de diferencias en dichos órganos los conduzca de inmediato a pensar en la remoción de sus integrantes, cuyo período de gestión se diseñó precisamente para que rebasara el del Ejecutivo para asegurar su independencia.
La designación de los integrantes de estos órganos se ha partidizado, es decir, las tres principales fuerzas políticas (PAN, PRI y PRD) se reparten equitativamente dichas posiciones. Lo mismo pasa en el IFE, que en el IFAI y, lamentablemente hasta de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Consejeros de la Judicatura Federal. Aun en los casos en que la facultad de propuesta o designación es del Ejecutivo federal, lo que sucede en los hechos es que previamente se negocian propuestas que los dejen satisfechos a todos, pero no por su perfil y capacidad, sino por sus afinidades partidistas.
Esta forma de designación conduce a que los líderes partidistas los asuman como comprometidos con el partido que los respaldó y, por lo tanto, deben seguir fielmente sus instrucciones. Se patrimonializan las posiciones y cuando los designados deciden actuar independientemente o, al menos, en contra de los intereses de la fuerza mayoritaria tienen que atenerse a las consecuencias, que se traduce en su destitución o, por lo menos, la amenaza de su destitución para que aprendan la lección.
Los senadores modificaron la iniciativa presidencial para que sean ellos quienes designen a los comisionados, de ternas propuestas por el presidente, lo cual parece mucho más congruente en un órgano con autonomía constitucional, pero ahora los diputados pretenden destituir a los cinco comisionados actuales, sin importar el periodo para el que fueron designados, para poder nombrar a los siete y no únicamente a dos. Así paradójicamente lo que debiese ser el fortalecimiento del IFAI, puede convertirse en su debilitamiento, por el patrimonialismo partidista que ve estas posiciones como oportunidades de colocar a sus allegados.
Afortunadamente parece que hay una mayoría de senadores que se oponen a esta operación, pero esto simplemente salvará a los actuales comisionados, no despartidizará estas designaciones mientras no se encuentre un mejor procedimiento para hacer estos nombramientos. Lo mismo vale para todos los órganos autónomos.
