Cuentan las crónicas antiguas que mientras Roma ardía, Nerón tocaba la lira. Alejado de la realidad de su pueblo, protegido por sus pretorianos, el emperador prefería cantar que atender al sufrimiento de los habitantes de la "ciudad eterna". Estos desplantes milenarios siguen vigentes, con matices, en los gobernantes de nuestro tiempo. Así, escuchamos atónitos a secretarios de Hacienda, como en su momento Ernesto Cordero, decir que un mexicano puede tener casa, carro y escuela con seis mil pesos al mes. Al actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, asegurar que con el gobierno de Enrique Peña Nieto ya nadie tiene miedo de salir a la calle. O, más recientemente, al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, quien en un acto oficial la semana pasada declaró que "Torreón está a toda madre". Con esas palabras cargadas de irresponsabilidad e insensibilidad.
Pero no debe sorprender este tipo de declaraciones, más apegadas a la propaganda, siempre engañosa, que a la realidad misma. Ya su hermano, Humberto, el autoexiliado exgobernador que endeudó a Coahuila como nunca antes y cuyo sexenio dejó a La Laguna sumida en la peor crisis de seguridad de su historia reciente, hizo lo mismo. En noviembre de 2010, durante la presentación de su quinto informe de gobierno en el Coliseo Centenario de Torreón, el exmandatario se atrevió a decir -palabras más, palabras menos- que había asumido la encomienda de no permitir que nadie, por poderoso que fuera, atentara contra los coahuilenses. Ese mismo año, apenas unos meses antes del desafortunado discurso del entonces titular del ejecutivo estatal, un grupo criminal asesinó a decenas de personas que se encontraban en dos bares y una quinta en Torreón. Muchas de las familias que quedaron mutiladas no han logrado recuperarse de ese trauma, al igual que otras -miles- que han sufrido en carne propia la violencia de los cárteles del narcotráfico y de la delincuencia común.
La Fundación Unidos por Nuestros Desaparecidos de Coahuila ha documentado en la región lagunera la desaparición forzada de más de 50 personas. Pero hay más casos de los que no se tiene registro porque no se denuncian, ya sea por miedo o desconfianza. Para las autoridades, esas personas simplemente no existen, nunca han existido. El Consejo Cívico de las Instituciones Laguna informa en su último reporte el incremento de 47 por ciento de los homicidios dolosos en el área conurbada de la comarca entre julio y agosto del presente año. Además, el robo violento ha aumentado 13.7 por ciento en los últimos tres meses. Veinte sucursales bancarias han sido asaltadas en la zona metropolitana. Varias notarías públicas han padecido los embates de la delincuencia. Los choferes y usuarios de los camiones Torreón-Gómez-Lerdo abordan las unidades con temor a que los delincuentes las incendien o asalten, como ya lo han hecho en varias ocasiones. En este contexto, y rodeado de un aparatoso equipo de seguridad, es que el gobernador lanzó su eufórica e irresponsable declaración.
Cuando el gobernador Rubén Moreira asumió el cargo en 2011, declaró: "de la seguridad me encargo yo", como si él solo pudiera enfrentar al crimen. En contraste, él y sus funcionarios no han hecho otra cosa que ponderar, cada vez que pueden, el "apoyo decidido" que dicen recibir del actual gobierno federal, y excusarse de los errores del pasado atribuyéndoselos sólo a la escasa voluntad de la administración de Felipe Calderón. La ausencia de institucionalidad continúa siendo una constante en los gobiernos. Más que como verdaderos funcionarios, quienes están al frente del estado y los municipios actúan como camarillas, como integrantes de grupos políticos que primero atienden a sus propios intereses. Y reaccionan de forma intolerante ante cualquier dejo de crítica. No hay espacio para el diálogo si no es con sus clientes y allegados. Su mundo se reduce al séquito que les aplaude y lisonjea, tal y como lo hacía el séquito de Nerón. Por eso no extraña que sus discursos tiendan al absurdo.
Pero más allá de la indignación y el escarnio que ha motivado en los torreonenses la declaración del gobernador, decir que "Torreón está a toda madre" es un llamado a la inacción. Puesto que estamos así, ¿qué sentido tiene trabajar para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta ciudad? ¿Para qué invertir más recursos en seguridad si ya podemos decir que estamos "a toda madre"? Nadie escatima la disminución que ha habido en los hechos delictivos en comparación con 2012, cuando se cometieron tres asesinatos diarios en promedio en el área conurbada. Pero no es suficiente. Aún hay quien mata, roba y secuestra en esta región con total impunidad. ¿Acaso Rubén Moreira cree que los ciudadanos vamos a conformarnos con esto? ¿Acaso nos está diciendo que debemos dejar de quejarnos y acostumbrarnos a este nivel de violencia? La prudencia aconseja mesura. Porque la situación de la ciudad dista mucho de ser la que deseamos. Y el afán protagónico y triunfalista del mandatario estatal es un lastre para conseguirla.
Además de la inseguridad, los torreonenses padecemos la desatención que ha tenido la actual administración municipal en materia de servicios públicos y promoción de inversiones. Los reclamos por la falta de agua, la ausencia de alumbrado público, el abandono generalizado de la ciudad y la necesidad de empleo bien remunerado, han aumentado en este cuatrienio. Muchos ciudadanos que pensaron que no podíamos estar peor que como lo estuvimos con el anterior alcalde, José Ángel Pérez, han reconsiderado su aseveración. Y todavía que tenemos que soportar los constantes errores de una administración que nunca cumplió su promesa de "rescatar Torreón", también tenemos que aguantar la insensibilidad y desfachatez de la llamada clase política. Por eso nuestros gobernantes están reprobados, tal y como da cuenta la encuesta más reciente del Barómetro de Opinión Pública de México Avanza. Ni Moreira, ni el alcalde Eduardo Olmos rebasan el 4.5 de calificación. Así las cosas.
Y mientras que, como Nerón, el gobernador Moreira "canta" a los cuatro vientos sus "logros", gran parte de la ciudadanía sufre el "incendio" del deterioro de su calidad de vida y su entorno. La pregunta obligada es: ¿hasta cuándo dejaremos que sigan tocando su lira los gobernantes sin responder a las exigencias de una ciudadanía quemada por la incertidumbre y la angustia?
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