En situaciones en las que un gobierno tiene que negociar con personas u organizaciones que amenazan con hacer uso de la violencia si no hay respuesta a sus demandas, el Estado generalmente tiene pocas opciones: ante las amenazas el gobierno puede decidir no responder, y en el caso de haber contacto o una mesa de negociación, debe recordarles que de cara a cualquier acto violento o ilegal, hará uso legítimo de la fuerza para detenerlos y someterlos al Estado de derecho.
Claro, lo que acabo de describir es teoría, la realidad que enfrentan los gobiernos democráticamente electos ante amenazas por parte de los violentos requiere soluciones complejas y extraordinarias herramientas de negociación y de liderazgo. Un gobierno que decide hacer uso de la fuerza tiene que tener un alto índice de respaldo de la población.
Seguramente los maestros que tienen secuestrados a los diputados y senadores están temblando de miedo ante la posibilidad de que alguna autoridad los "someta al Estado de derecho".
Y un análisis de las protestas y bloqueos de esta semana en la Ciudad de México, en rechazo a la reforma educativa, podría resultar en que simple y llanamente el gobierno federal y las autoridades de la ciudad sencillamente van a dejar que los paristas hagan los desmanes que quieran por el tiempo que quieran. El gobierno hará poco por controlarlos o detenerlos.
Por una parte, el presidente Enrique Peña Nieto, al ser descendiente de una clase política a la que se le recuerda por ser autoritaria y poco tolerante, no expondrá la reputación de su gobierno ni de su legado como presidente con actos que podrían considerarse represivos. De hecho, desde una perspectiva política, el Presidente puede colgarse la medallita de haber metido a la cárcel a Elba Esther Gordillo y haber promovido la reforma educativa que nadie se atrevía llevar adelante por miedo a la reacción de los maestros.
En el caso del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, no conlleva ningún beneficio político exponer su reputación mediante detenciones; al contrario, podría acusársele de autoritario y perdería la remota posibilidad de ser candidato a la Presidencia en 2018. Y si algo aprendió Mancera de las protestas y desmanes del primero de diciembre por la toma de protesta del presidente Peña, fue que la clase política de la ciudad estaba dispuesta a proteger a los anarquistas. Seguramente estarán aún más dispuestos a proteger a los maestros y otros movimientos sociales, particularmente los grupos que se perciben como cercanos a Andrés Manuel López Obrador.
De hecho, uno podría especular que mientras más desmanes hay en la Ciudad de México, el grupo que más se beneficia es el PRI, y aquellos allegados a Andrés Manuel López Obrador, ya que el hartazgo de los capitalinos seguramente algún día tendrá su límite y el que tendrá que pagar el pato será Miguel Ángel Mancera.
También hay que señalar que, a estas alturas, el magisterio no tendrá mucho interés en negociar, particularmente los maestros de la CNTE, ya que ante la aprobación de la reforma constitucional su poder político se reduce. Y la única forma de protegerse de las evaluaciones y controles que seguramente tendrán que enfrentar es amenazando con actos de extrema violencia. De hecho, lo que podrían estar añorando los organizadores es uno que otro muerto. Con uno o dos mártires, los maestros podrían crear fuertes coaliciones por parte de otros grupos en contra de la mano dura del gobierno. ¿Hasta dónde quieren llevar los maestros su protesta? ¿Qué otros grupos se les unirán? ¿Cuánto tiempo estarán dispuestos a mantener sus protestas?
Seguramente López Obrador y los organizadores de la marcha en "defensa de Pemex" del 8 de septiembre están sonriendo por la posibilidad de incorporar las protestas del magisterio a su movimiento.
Ante la remota eventualidad de que el gobierno federal tenga que enfrentar y detener la furia de las protestas, lo que podría estar buscando es dejar que las protestas lleguen a niveles extremos de vandalismo y que sitien parte de la ciudad. Esto podría crear el apoyo político y ciudadano para intervenir y darles la credibilidad que necesita el gobierno para hacer uso legítimo de la fuerza.
Parece que los actores que podrían resolver las protestas y violencia en la capital no tienen ningún incentivo para hacerlo en este momento. ¿Quiénes se benefician ante la ingobernabilidad en la capital del país?
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@amsalazar
Analista política
