Las ciudades del área conurbada de La Laguna no sólo se han estancado, sino que también han retrocedido en muchos aspectos. Los temas principales de la agenda pública regional hoy son tres: seguridad pública, servicios públicos y desarrollo económico. Y esto es para avergonzarse.
Los gobiernos de otras urbes de la República y del mundo se encuentran trabajando ya sobre temas como el desarrollo sustentable planteado en la Agenda Local 21, la planeación estratégica metropolitana y la integración de todos los sectores de la ciudadanía en la toma de decisiones de la vida pública. En La Laguna, seguimos enfrascados en cómo tener una policía confiable y eficiente, cómo garantizar agua potable, pavimento, transporte y alumbrado, y cómo crear las bases para el crecimiento económico y la creación de empleos. En los últimos años no sólo no hemos avanzado, sino que hemos caminado hacia atrás.
El discurso de los candidatos a las alcaldías de la llamada zona metropolitana se centra precisamente en prometer más seguridad, mejores servicios y atracción de inversiones. Lo "curioso" es que quienes tienen más posibilidades de convertirse en la máxima autoridad de su municipio pertenecen a la misma clase política que ha sido incapaz de frenar la decadencia de la región. Y en vez de asumir la responsabilidad que les toca, han optado por repartir culpas. Más que grupos de políticos, actúan como pandillas de irresponsables.
Los panistas, que hasta 2012 tenían la Presidencia de la República, que poseen escaños en los congresos federal y locales de Coahuila y Durango, y que han sido gobierno en Torreón y Ciudad Lerdo, señalan a los gobiernos priistas como los únicos responsables del desastre en La Laguna. Los priistas, que ahora son gobierno federal, que han controlado desde hace ocho décadas las estructuras políticas de Coahuila y Durango, que tienen mayoría en todas las cámaras y que tienen en su poder los ayuntamientos del área conurbada, culpan a las dos administraciones federales panistas de los males y el abandono de la comarca.
Los demás partidos, con escasa representación y estructura en la región, tienden a prestarse al juego del partido hegemónico para sobrevivir la elección y así poder acceder a los recursos públicos que son repartidos cada año por los institutos electorales. Sus agendas poco o nulo peso tienen en la discusión pública. Sin liderazgo ni congruencia, constituyen asociaciones satélite del grupo en el poder, negocios de amigos o familiares o meros refugios de renegados o exiliados de los partidos más grandes.
Con este modelo bipartidista, que me atrevería a calificar de oligárquico, no es de extrañar que poco se mueva para bien en la política regional, como tampoco es de extrañar que las ciudades hayan quedado en el abandono. Las administraciones públicas municipales son vistas por los grupos dominantes como un botín. Pelean entre sí por él y una vez que lo obtienen buscan sacarle el máximo provecho. El fracaso como gobierno de uno es el motor del otro para ganar adeptos entre el electorado. La diatriba es el recurso preferido para sobreponerse al adversario. Pero pasadas las elecciones, todo sigue igual. El modelo es a todas luces disfuncional, tóxico, para la vida regional.
La alternancia hasta hoy sólo ha ampliado el aprovechamiento de la función pública entre los grupos políticos con mayores recursos y mejor estructura. Los beneficios para la ciudadanía son escasos. Porque la construcción del poder se sigue haciendo desde arriba, como en la época del partido de Estado. Para los grupos que sustentan este modelo político basta tejer redes clientelares, mantenerlas con los mismos recursos públicos y usarlas cuando es necesario. La ciudadanía es sólo un concepto retórico que sirve para llenar sus discursos. ¿Quién de los que contienden actualmente por las alcaldías puede en verdad presumir de haber construido un poder desde una base de ciudadanos?
Por todo lo anterior, resulta urgente romper las inercias del modelo político imperante en la región. Está claro que bajo este esquema no vamos a llegar a buen puerto como sociedad. La prueba es que mientras en otras latitudes se discuten temas trascendentes para el futuro de urbes y regiones, en La Laguna seguimos atados a los problemas urgentes del presente porque los gobiernos no han sido capaces de garantizar lo mínimo indispensable para una vida ciudadana medianamente saludable. El ejercicio del poder público en las ciudades no puede seguir siendo facultad exclusiva de un grupo sino ampliarse a la mayoría de la sociedad. De lo contrario, gane quien gane la elección del siete de julio próximo, seguiremos estancados en la discusión de los temas del futuro y, peor aún, retrocediendo en la calidad y cantidad de los satisfactores materiales de nuestras ciudades.
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