Colocada originalmente en 4 mil millones de pesos la percepción extraordinaria que tendría el Instituto Mexicano del Seguro Social al homologar las reglas para fijar el salario-base de cotización con las del cálculo del Impuesto Sobre la Renta, finalmente ésta será de 3 mil.
La merma, de cara a las cuotas patronales, se logró bajo el clásico ni-tú-ni-yo entre las cúpulas empresariales y las fracciones priísta y perredista en la Cámara de Diputados, en la fase previa a la elaboración del dictamen.
Modificada la propuesta original del diputado priísta Sergio Torres Félix, el empate ya no será total. Se excluyeron, por ejemplo, las aportaciones patronales a fondos de ahorro de los trabajadores hasta un límite determinado; el costo del servicio de comedor proporcionado por las empresas y el pago de alimentación en efectivo o en vales, siempre y cuando no exceda de 40% de un salario mínimo general del DF.
Además, no se contabilizarán para efectos del salario-base de cotización los premios por asistencia y puntualidad hasta un monto que no exceda el concepto de ingresos gravados para efectos del Impuesto sobre la Renta.
En paralelo, no serán acumulables las cantidades ofrecidas por el patrón para constituir semillas de un plan de pensiones establecido por la empresa o previsto en el Contrato Colectivo… siempre y cuando reúnan los requisitos previstos por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
En la misma ruta no abultará el monto del salario-base de cotización el pago por tiempo extra.
Si el cálculo original planteaba un incremento de cuotas patronales de entre 15% y 30%, bajo el esquema actual se habla de entre 13% y 20%.
El dictamen que reforma y adiciona el Artículo 27 de la Ley del Seguro Social y deroga el 32, se aprobó en ausencia de los panistas en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Negada la posibilidad de convocar a ésta por el presidente de la misma, José Isabel Trejo Reyes, la cita la plantearon 12 de los 17 secretarios.
Aprobado el dictamen en lo general por 26 de los 44 integrantes de la Comisión, ésta llegará al pleno el próximo jueves.
La propuesta plantada el 19 de marzo pasado había puesto en jaque la luna de miel entre los organismos empresariales y el gobierno, en un escenario en que se pedía una acción integral en favor del Instituto.
En la urgencia, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, fue personalmente a realizar labores de cabildeo al recinto legislativo de San Lázaro, lo que se interpretó como presión indebida por algunos legisladores.
Sin embargo, el equilibrio se lograría a medias, en un escenario en que se hablaba de que se generaban en el marco actual distintas bases gravables para un solo concepto, "provocando incentivos perversos para algunos patrones, que aprovechan la diferencia para, por un lado, subestimar el salario base de cotización y así reducir su carga de seguridad social, y por otro reportar una nómina mayor para así deducir su propia base gravable".
De acuerdo al legislador con licencia que planteó el proyecto, existe una disparidad de 7.5% entre la nómina reportada por las empresas para efectos del Impuesto Sobre la Renta en materia de salarios y lo integrado para efectos del cálculo del salario-base de cotización al Seguro Social.
La paternidad real de la iniciativa de la discordia es del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
De acuerdo a lo pactado por los legisladores, los recursos adicionales que recibirá el Instituto deben apuntar en estricto para infraestructura, es decir se excluye la posibilidad del gasto corriente. De aprobarse el dictamen por el pleno aún faltaría la aduana del Senado…
BALANCE GENERAL
Pospuesta su entrega al Congreso ante la decisión de los panistas de no acudir a la cita pactada ayer en el Palacio Nacional, la reforma financiera planteada por el Ejecutivo le exige a los bancos soltar el crédito... pero, en contraparte, plantea reglas más duras para la recuperación de préstamos.
De entrada, se reduce el plazo de un año para cerrar un concurso mercantil o procedimiento de quiebra ordenada para empresas en problemas, colocando a los acreedores en posición de nombrar interventores para vigilar el proceso. Los jueces de lo concursal ya no podrán detener el reloj o conceder plazos adicionales para buscar la conciliación como en el caso de Mexicana de Aviación.
Adicionalmente, se crea la figura del "secuestro provisional" de bienes de los deudores; se abre el escenario para la creación de Tribunales especializados en juicios mercantiles, y se ofrece mayor laxitud para la ejecución de garantías.
Del otro lado de la moneda, se le otorgan mayores facultades a la Comisión de Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros para regular los contratos, creándose, en paralelo, un Sistema Arbitral en Materia Financiera.
ATORAN DERECHOS MINEROS
Listo el dictamen que le impone un porcentaje de 5%, un punto porcentual más allá de lo planteado originalmente, sobre los ingresos obtenidos por las empresas mineras antes, del pago de impuestos por concepto de derechos, hasta ayer no había consenso aún para aprobarlo por parte de la Comisión de Industria, aun cuando la de Hacienda ya reunió los votos.
El recelo de los legisladores apunta a que se requiere una solución más integral, dado el régimen laxo en que se ha desarrollado la actividad a contrapelo del marco de países como Perú, Canadá o Brasil. El planteamiento habla de que los recursos recaudados se repartirán 30% para los municipios donde se asienten las minas; 50% para la entidad federativa en que se ubiquen, y el resto para la Federación.
De acuerdo a los analistas de Banamex, el impacto sería limitado para el Grupo México y su filial Southern Copper, principales extractores de cobre en México.
ÚLTIMO ROUND
Aunque la Suprema Corte le dio un revés al considerar que sí son constitucionales las bases sobre las cuales la Comisión Federal de Competencia lo declaró dominante en cinco mercados, Teléfonos de México tiene aún una carta más.
En los próximos días el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa decidirá si ratifica o rectifica una sentencia judicial que le otorga a la firma del magnate Carlos Slim Helú un amparo sobre la legalidad del proceso.
De llegar el sí, la instancia encabezada por Eduardo Pérez Motta tendría que reponer el procedimiento.
Siendo dominante la empresa, de acuerdo al Artículo 54 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, debe ser sujeta a una regulación asimétrica, es decir más rigurosa que el resto de los competidores.
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