El gobierno de Estados Unidos disputó hoy la noción de que los sospechosos de terrorismo detenidos en la base naval de Guantánamo enfrenten detenciones indefinidas.
“Estados Unidos no tiene el deseo de detener a personas más de lo necesario, de manera que para nosotros (la noción de) las detenciones indefinidas no suenan realmente a la verdad”, enfatizó Michael Williams, de la oficina de Asuntos Legales del Departamento de Estado.
Williams dijo que su país reconoce que bajo la ley internacional los detenidos deberán ser liberados y repatriados al cese de hostilidades, aludiendo a la llamada guerra contra el terrorismo que su gobierno libra desde el 2011.
Ante miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Williams precisó, sin embargo que este prospecto no aplica a quienes han sido juzgados o convictos por crímenes.
“Lo que esto significa es que nosotros no vemos esto como indefinido, sino que hay un camino para la conclusión”, indicó el funcionario estadunidense durante una audiencia sobre la situación de derechos humanos en Guantánamo.
Williams respondió así a los argumentos que expusieron representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos quienes presentaron un cuadro de casi total indefensión que padecen los detenidos en Guantánamo.
Los defensores de los derechos humanos denunciaron que la mayoría de los detenidos no enfrentan cargos formales y que casi un centenar de ellos continúen retenidos a pesar de haberse ordenado su libertad, sin visos claros sobre cuando podrían ser repatriados.
Kristina Kuskey, de la organización Médicos para Derechos Humanos, aseveró que el prospecto de la detención indefinida ha llevado a muchos de los detenidos al suicidio.
“Esta es una situación que puede provocar severos traumas”, dijo la experta, quien reveló que son cientos los casos de detenidos que han intentado quitarse la vida.
Mientras, Omar Farah, del Centro para los Derechos Constitucionales, aseguró que desde la apertura de ese centro carcelario se han registrado nueve suicidios.
El profesor de leyes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Ramzi Kassem, dijo por su parte que esa situación ha provocado que en estos momentos la totalidad de los 166 detenidos se hayan declarado en huelga de hambre desde el 6 de febrero.
Aunque Williams y otros funcionarios del gobierno insistieron que el trato de los detenidos tiene bases legales, algunos comisionados externaron su frustración ante el desdén del gobierno estadunidense hacia la CIDH.
El comisionado Felipe González recordó que existen medidas cautelares emitidas por la comisión desde hace más de 10 años que no han sido implementadas por el gobierno de Estados Unidos.
