Reunidos la semana pasada en cónclave los dirigentes de la Concamin, Concanaco y Consejo Nacional Agropecuario en su pretensión de ubicar un marco para regular la relación entre las grandes cadenas de autoservicio y sus proveedores, la tendencia apuntó a la promoción de una ley de Buenas Prácticas Mercantiles
La razón es simple: En cinco ejercicios para equilibrar el escenario vía la firma de sendos códigos se fracasó estrepitosamente ante la falta de dientes, es decir, posibilidad de sanciones a los infractores.
La pretensión de la Concamin era revivir un esquema similar, sólo que bajo la posibilidad de multar a los incumplidos, cuyo destino sería engordar un fondo para capacitación, justo, de proveedores.
La paradoja del caso es que el primer intento fallido de autorregulación, firmado en abril de 2006, lo promovió la propia cúpula industrial ante la posibilidad de que el Congreso aprobara una iniciativa del senador panista Fauzi Hamdan planteada como Ley de Establecimientos Mercantiles y Promoción del Pequeño y Mediano Comercio. El pacto de cuates derivó en un "Acuerdo de Prácticas Comerciales para la Competitividad". La intención, plasmada en el documento, era promover buenas prácticas mercantiles concretadas en líneas de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.
Ahora que en el terreno práctico se hablaba de terminar con prácticas nocivas del gran comercio como la depredación de precios, el incumplimiento de las cláusulas de pago de los contratos; deducciones o descuentos no pactados; obligatoriedad de participar en campañas promocionales, y devoluciones arbitrarias o injustificadas.
En prenda de certeza, el organismo encabezado entonces por León Halkim, planteaba la constitución de una "comisión administrativa" del acuerdo en la que participarían todas las partes involucradas.
La instancia cubriría funciones de regulación, evaluación, información y emisión de criterios para "la buena interpretación" del pacto.
Su función toral, empero, sería constituirse como una instancia de arbitraje para atender y en su caso resolver las controversias que se plantearan entre las cadenas y sus proveedores y de pasadita entre éstas y los micro, pequeñas y medianos comercios, de cara a la competencia.
El documento lo firmaron, además de la Concamin, la Concanaco y el Consejo Nacional Agropecuario, el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, conocido como ConMéxico y, naturalmente, la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).
La cadena Wal Mart, dado que entonces no pertenecía a ésta, firmó aparte.
El caso es que a los tres meses el barco de la buena voluntad había naufragado.
Antes lo habían hecho el "Acuerdo sobre Mejores Prácticas Comerciales" firmado en el año 2000 en Guadalajara por la propia Concamin y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentos.
Tres años después, en la misma ruta, fracasó el "Acuerdo de Prácticas Comerciales para la Competitividad", conocido como Pacto de Guadalajara, firmado en la capital de Jalisco por la Concamin, el Consejo Nacional Agropecuario, la Canacintra, ConMéxico y la Cámara Nacional de la Industria de Productos Alimenticios.
Finalmente, el 18 de febrero de 2004 se había firmado un "Convenio de Colaboración para promover la competencia legal como promotora de la competitividad" entre la propia ANTAD y la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. La última llamada llegaría en septiembre de 2011, en el marco de una iniciativa de Ley para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales colocada en la mesa por un grupo de legisladores priistas y panistas.
Al calor, al fragor del cabildeo de la ANTAD, se logró cerrarle el paso a la posibilidad… a cambio de revivir el escenario del pacto de cuates… bajo la vigilancia de la Procuraduría Federal de la Defensa del Consumidor y la sanción de la Secretaría de Economía.
La paradoja del caso es que algunos consideran un éxito la autorregulación, dado que no había quejas contra las cadenas ante la comisión en que participaban éstas.
El problema es que detrás del páramo había el temor de represalias.
De hecho, en la misma línea, el intento de revivir la exigencia de regulación lo plantean tres presidentes de organismos cúpula, ninguno de los cuales es proveedor de las cadenas. La pelea apenas empieza…
BALANCE GENERAL
En la coyuntura de la presentación del informe financiero del organismo con proa al Ejecutivo y al Congreso, en que se desnudará una estrategia fallida para paliar los graves problemas del Instituto Mexicano del Seguro Social, se está reviviendo un caso que podría llegar al terreno penal.
Estamos hablando de la pérdida de 540 millones de pesos que le provocaron apuestas bursátiles fallidas al organismo.
Éstas apuntaron a la compra de acciones de la Metrofinanciera y Su Casita, ambas en quiebra.
La pregunta es quién aconsejó la inversión en un escenario en que se avizoraba la debacle.
Los recursos eran parte de los 20 mil 449 millones de pesos de sus reservas financieros de las que echó mano el Instituto en afán de tapar agujeros bajo la fórmula simple de abrir otros.
AMPARO EN EL LIMBO
En afán de detener la posibilidad inminente de que la juez del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Edith Alarcón, decrete la quiebra de la línea aérea, el sindicato de trabajadores de tierra está solicitando un amparo ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil. El problema es que éste no puede darse sin que exista el hecho consumado.
De acuerdo a la ruta prevista, en los próximos días se declarará la quiebra de la filial de la firma, la línea aérea de bajo costo Click, y se espera que en un mes más, una vez obtenida la lista de activos con que cuenta, le llegue el turno a Mexicana.
OTRA VEZ NAPOLEóN
El viernes de la semana pasada, revocado un amparo a su favor, se revivió por quinta ocasión la orden de aprehensión que pesa contra el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia. Una semana antes había ocurrido lo mismo con la que se expidió contra el extesorero del organismo laboral, Félix Estrella.
La estrategia de los abogados de Gómez Urrutia ha sido el colocar de inmediato un amparo "para efectos" tras cada resolución judicial que replantea la posibilidad de llevarlo a la cárcel.
La acusación está fincada en un documento realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que detalla el uso para fines personales de parte de los recursos colocados en un fideicomiso para prorratearse entre trabajadores en Mexicana de Cobre y Minería de Cananea.
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