El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio la bienvenida a la sociedad civil organizada para apoyar su estrategia contra la inseguridad, pero advirtió que el Gobierno de la República no tolerará que nadie pretenda hacer justicia por sus propios medios.
En su mensaje a la nación con motivo de su Primer Informe de Gobierno, el Ejecutivo federal garantizó que se trabajará para que la ciudadanía tenga plena confianza en sus instituciones a partir de sus resultados.
"En ninguna parte de nuestro territorio deben existir circunstancias que obliguen o justifiquen a los ciudadanos a asumir las funciones de seguridad y justicia que sólo competen a las instituciones públicas", sentenció.
Peña Nieto dio la bienvenida a una sociedad civil organizada, activa, propositiva, "que está en favor de apoyar a los esfuerzos del Gobierno de la República y de enriquecer las políticas que en esta materia sigamos, pero el Gobierno de la República no tolerará que nadie pretenda hacer justicia por sus propios medios".
En la Explanada Francisco I. Madero de la Residencia Oficial de Los Pinos, Peña Nieto resaltó que una de las primeras decisiones de su gobierno fue poner en marcha una nueva política pública en materia de seguridad y justicia.
Dijo que debido a esta nueva política, de los 122 presuntos delincuentes más buscados, el Gobierno de la República ha logrado que 65 no sean una amenaza para la población.
"Esta política atiende no sólo los efectos de la criminalidad, sino también sus causas, con este objetivo se creó el Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, y se invierten más de 118 mil millones de pesos de manera transversal, para fortalecer la cohesión social y comunitaria", abundó.
Peña Nieto anunció que en el curso del actual Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso se presentará un paquete de iniciativas en materia de derechos humanos.
Éstas se sumarán a las que han presentado ya diversos legisladores, a fin de acotar la actuación del Estado en relación con la suspensión de derechos y la expulsión de extranjeros, así como para redefinir y actualizar el fuero militar, detalló.
Además, informó que el número de homicidios dolosos ocurridos entre diciembre de 2012 y julio de 2013 fue 13.7 por ciento menor en comparación con el mismo periodo de un año antes.
"De éstos, los vinculados a delitos federales se redujeron en 20 por ciento. La disminución de homicidios dolosos es particularmente notoria en las entidades federativas donde se ha requerido focalizar los esfuerzos del Estado", indicó.
Citó como ejemplos a Tamaulipas, donde bajó 36.2 por ciento; en Chihuahua, 37.2 por ciento; y en Nuevo León, 46.5 por ciento.
No obstante, expuso que hacia adelante es necesario reforzar con el equipamiento y recursos humanos suficientes las cinco regiones operativas en que está dividido el país.
Reiteró que en ninguna parte del territorio deben existir circunstancias que obliguen o justifiquen a los ciudadanos a asumir las funciones de seguridad y justicia que sólo competen a las instituciones públicas.
Frente a dirigentes partidistas, legisladores, gobernadores, empresarios y líderes sindicales, explicó que la nueva política promueve la coordinación entre dependencias federales y municipios, además de que hay más uso de la inteligencia; es decir, se tiene más y mejor información que se analiza a detalle para actuar con precisión.
Enlistó algunos cambios, como el de la Secretaría de Gobernación, que asumió atribuciones en materia de seguridad pública, mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) inició un proceso de reestructura para fortalecer sus capacidades de investigación y análisis.
Además, indicó que está por concretarse la reforma constitucional que permitirá crear un Código Penal Procesal Único para el país.
"Otro elemento central de esta política es someter la actuación de las autoridades al respeto pleno de los derechos humanos", aseguró.
En ese sentido, destacó que en esta materia, los mexicanos cuentan ahora con dos importantes ordenamientos adicionales para la protección de sus derechos: La Ley General de Víctimas y la Nueva Ley de Amparo.
El Ejecutivo federal reconoció que el Estado debe proteger los derechos humanos de los mexicanos, empezando por lo más valioso que tienen: La vida.
"Con esta convicción, se ha puesto al ciudadano en el centro de los esfuerzos de la política de seguridad y de justicia que priorizan la reducción de la violencia", agregó.
Peña Nieto afirmó que con eficacia, valor, lealtad, patriotismo y una gran cohesión, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea de México y la Marina velan por la sociedad y defienden la integridad, independencia y soberanía del país.
"Para alcanzar un México en paz es indispensable tener una coordinación efectiva entre órdenes de Gobierno por encima de los orígenes políticos", advirtió.
Por ello, el mandatario federal hizo reconocimiento a los gobernadores y al jefe de Gobierno del Distrito Federal por su disposición y corresponsabilidad en esta materia.
