La naciente Ley de Combate a la Pobreza de Coahuila, emanada del Congreso estatal, deberá ir acompañada por otras medidas -puntos de acuerdo, exhortos, propuestas, o bien hasta nuevas leyes-, que brinden mayor seriedad a esta noble intención más que legal, moral que tienen los que tienen en sus manos la facultad de cambiar la vida y el futuro de las miles de personas que viven en condiciones de marginación en esta entidad donde se presume el progreso, la transparencia y la modernidad... Aunque desde mi punto de vista las cifras son mayores, se maneja que en Coahuila habitan 93 mil personas atrapadas por la pobreza y es aquí donde inicia la confusión, pues no se sabe si se refiere a la miseria únicamente o a la desgracia extrema. De la cantidad citada, se indica que además hay 59 comunidades en extrema marginación, con padecimiento de la pobreza alimentaria, equivalente a no tener para comer, ni siquiera una tortilla dura, situación ante la cual, en algunas de esas comunidades habita gente que sale al campo a cazar ratas para llevarlas como alimento a sus casas. Torreón ocupa el primer lugar con mayor número de pobres -17 mil-, seguido de Saltillo con mil menos, curiosamente las ciudades que aportan la mayor cantidad de impuestos al Estado. Aunque algunos funcionarios y representantes del Gobierno estatal justifican el crecimiento de la pobreza con argumentos como el aumento en el movimiento migratorio, lo cierto es que considerando el número, los programas sociales implementados por los tres niveles de Gobierno encaminados al combate a la necesidad extrema no dieron los resultados esperados. "La Cruzada contra el Hambre", "Pésate, Nútrete y Ejercítate", "Todos a la Mesa", y hasta "Barriga llena Corazón Contento", en estos lugares no han funcionado. La nueva Ley obliga a los ayuntamientos a asignar la partida dentro de su presupuesto anual para destinarla a la prevención y combate a la pobreza extrema y se sume así a las acciones nacionales para el mismo fin. Como parte de esta nueva reglamentación se exhorta a particulares y organismos públicos, privados y sociales, nacionales o extranjeros a que otorguen de manera altruista apoyos para atender el problema fuerte que enfrenta la sociedad coahuilense. Si la cosa va en serio, sería conveniente y muy positivo para la comunidad que el legislativo de Coahuila proponga una nueva Ley de Plazos y en un apartado, hasta de Plazos Urgentes para concluir los asuntos relacionados con actos de corrupción, desvío de recursos, delitos descarados y para resolver y aclarar muchas otras interrogantes que hay entre la sociedad y que han dañado moralmente, pero más grave aún, que definitivamente han tenido que ver con el crecimiento exagerado de los cinturones de miseria en Coahuila. Por ejemplos: Un desvío de recursos por parte de la autoridad municipal de cualquier municipio que se encuentre en territorio coahuilense deberá ser aclarado y castigado en un término máximo de un mes; un acto de corrupción detectado deberá ser sancionado en un plazo no mayor a quince días; el delito cometido por cualquier servidor público municipal debe ser atendido y sancionado en un período no mayor a tres semanas. Ese tipo de propuestas ayudarían enormemente a combatir la pobreza. ¿Cuánto dinero se perdió en Simas Torreón que pudo destinarse a este combate?
Por Martín Chávez
