Este martes, estudiantes de la Escuela Normal de Tiripetio realizaron una serie de manifestaciones y bloqueos al norte de la ciudad de Morelia y secuestraron seis camiones de la línea de autotransportes Purhépecha.
Los normalistas exigen la asignación de al menos mil plazas automáticas y se opone a la reforma curricular de las Normales, que lleva implícita la reforma educativa.
El gobierno del estado respondió a estas manifestaciones enviando a la Policía Estatal Preventiva y la Policía Federal de Caminos para recuperar con más de 100 elementos los camiones de pasajeros, luego de que fueron interpuestas varias demandas por la propia empresa.
Sin embargo, la policía sólo pudo recuperar uno de los seis camiones y los estudiantes mantienen retenidos cinco autobuses dentro del plantel de Escuela Normal, ubicado en la tenencia de Tiripetio del municipio de Morelia.
La tarde de este martes se han trasladado al centro de la ciudad, frente a Palacio de Gobierno, donde realizarán un mitin y un plantón para tratar de presionar al gobierno.
Esta manifestación se da a menos de 24 horas de que el ahora ex secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, asumió el interinato temporal de la primera magistratura estatal.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), en Michoacán ha tratado sin éxito de mediar en el conflicto y ha ofrecido a los estudiantes poner a su disposición otros vehículos propiedad del sindicato para tratar de liberar los autobuses, pero éstos no han aceptado.
En octubre del año pasado los estudiantes normalistas protagonizaron desmanes callejeros, tomas de Normales y se enfrentaron con las autoridades de gobierno.
Este conflicto derivo en el encarcelamiento de 17 estudiantes normalistas.
Además diversas líneas de transportistas, particulares y la propia Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) interpusieron una docena de demandas por delitos que iban desde motín, daño en las cosas y robo.
La Cámara Nacional de la Industria del Transportes de Pasajeros (CANAPAT) se ha pronunciado por frenar el secuestro y destrucción de unidades a manos de los estudiantes y aseguró a través de un comunicado que no permitirá una vez más el perjuicio a su patrimonio y amago con suspender el servicio de sentirse afectados.
Los estudiantes que fueron encarcelados el año pasado, pagaron fianzas de 6, 8 y 12 mil pesos y fueron puestos en libertad en menos de 15 días.
