Armas. El vicepresidente de la Asociación Nacional del Rifle, Wayne Lapierre (d), saluda a Mark Kelly, el marido de Giffords.
La Asociación Nacional de Portadores de Armas se vale de un memorándum del Departamento de Justicia que obtuvo para argumentar en anuncios que el gobierno de Barack Obama cree que sus planes para el control de armas no funcionarán a menos que las autoridades incauten el armamento y requieran que sea registrado a nivel nacional, ideas que la Casa Blanca no ha propuesto ni respalda.
Las aseveraciones de la NRA (siglas en inglés de la asociación) y el hecho de que haya obtenido el memo dejan entrever la batalla sin cuartel que se libra en Washington en torno a las restricciones a las armas de fuego. El memo, firmado por uno de los principales investigadores del Departamento de Justicia en lo que respecta al crimen, critica la efectividad de las propuestas de control de armas, incluidas algunas de las de Obama. Un funcionario del departamento dijo que el documento es una revisión inconclusa de la investigación sobre violencia con armas de fuego y que no representa la política de la dependencia. El memorándum dice que requerir el examen de antecedentes penales antes de autorizar más compras de armas pudiera ayudar, pero también pudiera derivar en más ventas ilegales. El prohibir los fusiles automáticos y los cargadores de alta capacidad en el futuro, pero exceptuar aquellos que ya están en poder del público -como ha propuesto Obama_, tendría un impacto limitado porque la gente ya posee muchos de esos artículos.
Dice además que incluso la eliminación total de las armas de asalto tendría poco efecto en reducir las muertes por balazos, porque sólo una pequeña proporción de esos crímenes se cometen con esas armas.
