Estados Unidos vive un nuevo debate en torno a la tensión entre el derecho a la privacidad y la seguridad del Estado a raíz de las filtraciones que hizo la semana pasada Edward Snowden, el exagente de la Agencia de Seguridad Nacional, quien comprobó lo que todo mundo sabía: Obama continuó con la política de Bush del espionaje a los civiles estadounidenses en aras de la seguridad nacional.
El espionaje por parte de las agencias del gobierno estadounidense a sus ciudadanos no es un tema nuevo. Ha existido siempre. No se trata de justificarlo, simplemente es una práctica que se da desde que se inventó el teléfono. En 1928 la Suprema Corte de Justicia estadounidense en efecto revisó el tema de las escuchas telefónicas en Olmstead v United States. Una Corte progobierno declaró que la escucha de llamadas telefónicas no violaba los derechos de los estadounidenses, en específico la 4ª y 5ª enmiendas.
Por ello, en tiempos de la Guerra Fría, y del miedo al comunismo, el gobierno estadounidense escuchaba sin freno las conversaciones de sus ciudadanos. Incluso la tecnología de espionaje llegó a los paparazzi, que lo mismo dieron a conocer conversaciones telefónicas de Rock Hudson saliendo del clóset con su esposa, que temas más políticos como la relación entre Marilyn Monroe y JFK.
Tuvieron que pasar 40 años para que la Corte revisara esa decisión y en el caso Katz vs United States decidiera que escuchar conversaciones telefónicas, incluso desde un teléfono público, significaba una violación al derecho a la privacidad. Desde entonces, y en teoría, tal práctica cedió, o se hizo menos frecuente. Las instituciones democráticas corrigieron un abuso institucionalizado, al menos al interior de Estados Unidos, porque el espionaje prosiguió en torno a gobiernos extranjeros.
El 11 de septiembre de 2001 provocó lo que el constitucionalista Clinton Rossiter ha llamado la instalación de una "dictadura constitucional". El Poder Ejecutivo rompió el equilibrio de poderes con el Legislativo y el Judicial y Bush se aprovechó del miedo al terrorismo para que el Capitolio le diera un cheque en blanco con la llamada Ley Patriota, por medio de la cual se autorizaban medidas como vigilar cuáles libros sacaba un estudiante de una biblioteca privada o pública. El derecho a la privacidad tocó un mínimo esos años. Los tentáculos del Gran Hermano se esparcieron.
Gracias en parte a Julian Assange, a quien Mario Vargas Llosa ha llamado "ladronzuelo de la vida ajena", pero también gracias al soldado Bradley Manning y hoy a Edward Snowden, los estadounidenses saben que el Gran Hermano sigue vivo y mucho más sofisticado, que ahora ni siquiera se necesita que se esté usando el teléfono para escuchar lo que decimos, que ahora también se revisan los emails, las páginas web que visitamos y que incluso cualquiera puede saber nuestra ubicación exacta si tenemos un teléfono inteligente con GPS y que esta tecnología está disponible no sólo para gobiernos, sino también para empresas y para cualquier individuo.
Esta es la era de la sobreexposición. Los jóvenes de la generación del milenio, los llamados millenials, lo mismo suben sus selfies (autorretratos) desnudos en las redes sociales, hacen check-in en Foursquare cuando llegan al restaurante en el que comerán, con ubicación exacta, usan Facebook para saber quién está interesad@ en acostarse con uno, que anuncian con un twitt el libro que acaban de terminar en su Kindle. Nunca antes había sido posible conocer cada segundo de la vida de una persona. La era de las redes sociales ha logrado el que hoy podamos ser los productores de nuestro propio reality show y que tengamos audiencias sin necesidad de estar en un medio tradicional.
Esa sobreexposición choca con el derecho a la privacidad. Como afirma la académica Jill Lepore en la revista New Yorker hoy hay en Estados Unidos una cultura "obsesionada doblemente con el ser visto, pero también con el poder esconderse".
En México no parece existir de forma tan fuerte esa tensión. Fuera de los círculos de las redes sociales- y dentro de éstas sólo entre un grupo en particular- ¿quiénes en México hacen ruido cada vez que un periódico publica el rostro, el domicilio, el nombre del padre de un hombre acusado de criminal. ¿Quién en México hizo algo cuando supimos que las bases de datos de nuestras vidas están disponibles en Tepito por una decena de miles de pesos?. ¿Quién haría algo en México si nos enteráramos de que Peña Nieto lee nuestros emails más secretos? ¿Hay alguien que acaso dude que el gobierno mexicano puede, como pueden otros, tener acceso irrestricto a la memoria de nuestras computadoras?
Sin embargo, creo que hay una diferencia fundamental en el ambiente institucional. Cuando un gobierno que enfrenta contrapesos y una sociedad civil robusta comete abusos al derecho a la privacidad, no solamente los ciudadanos se enterarán, sino las instituciones se activarán para frenar ese abuso o para corregirlo. Me parece que ese es el caso de EU ahora. Si en México existiera un Edward Snowden que nos contara cómo nos espía el CISEN, no me aventuro a pensar en qué sucedería.
Si en Corea del Norte alguien denunciara a Kim Jong-un, no pasaría nada. Al final, las instituciones importan y el derecho a la privacidad enfrenta un nuevo reto en la era del tiempo real. Ya tendrá que entrarle al tema la Suprema Corte estadounidense y la mexicana también, pero ojalá que sigan existiendo más Assanges, Mannings y Snowdens.
Politólogo e Internacionalista
Twitter @genarolozano