La apertura de un Bosque Urbano destinado al mejoramiento del medio ambiente y a la recreación de la población, que en condiciones normales y en cualquier parte debe ser motivo de celebración festiva, en la ciudad de Torreón es ocasión para lamentar el mal desempeño de las autoridades.
Como es del conocimiento del público, a partir de una ampliación de lo que fue el Parque las Etnias se construyó el nuevo bosque en una superficie de dieciocho hectáreas, en las que se encuentran sembrados quinientos árboles, y cuenta con un planetario, un teatro al aire libre, y dos lagos artificiales como principales elementos de infraestructura.
Dado el descuido en el que en lo general se encuentran las áreas verdes de nuestra ciudad, y la escasez de espacios para la convivencia familiar y social, la apertura del nuevo parque es una buena noticia para los torreonenses, que reciben la obra con alegría y se disponen a disfrutar de ella. Qué bueno que así sea.
Sin embargo, el destello de luz que es objeto de comentario está envuelto en las sombras de la opacidad en la que suelen operar nuestras autoridades de Estado y Municipio, en virtud de que el costo de la obra declarado en la cantidad de ciento cuarenta millones de pesos, carece de explicación frente al costo de su similar el Bosque Urbano de Saltillo, que en comparación al de Torreón tuvo un costo de la mitad de dinero en una superficie del triple de terreno es decir de cincuenta y dos hectáreas, en las que se encuentran sembrados siete mil árboles, de lo que se infiere que el costo por hectárea en el caso de Torreón resultó ser seis veces superior al de la Capital, no obstante que la proporción de las especies vegetales es de catorce a uno en contra de nuestra ciudad.
En la ceremonia de inauguración del Bosque que tuvo lugar el domingo pasado, el gobernador Rubén Moreira eludió la interpelación respecto al costo y condiciones dispares y por lo que toca al alcalde Eduardo Olmos, se limitó a responder que en ambos casos la infraestructura de cada parque es "diferente".
La comparación que precede por odiosa que pueda parecer, está soportada en información proporcionada por las propias autoridades y nos interpela como ciudadanos, en virtud de que la opacidad en el manejo de los recursos públicos se ha convertido en fuente de corrupción e ineficiencia generalizada del desempeño del gobierno local, a las que por desgracia nos estamos acostumbrando.
Basta abrir la sección local del periódico El Siglo de Torreón del domingo pasado, para advertir dos reportajes ominosos. El primero concierne al abandono del programa de microcréditos del Municipio de Torreón, cuyo titular declara sin rubor que el programa dejó de operar desde hace dos años, por malos manejos de la administración anterior. El funcionario hábil en echar la culpa a otras instancias, no explica por qué no se denunciaron antes tales supuestos malos manejos y por qué no se hizo nada al respecto, y por otra parte, tampoco aclara por qué el departamento sigue existiendo al costo que implique en sueldos y demás gastos, si como reconoce el propio titular, no opera desde hace dos años.
El segundo reportaje es sobre el Registro Público de la Propiedad de Torreón. Pese a que de dicha oficina depende la seguridad jurídica del patrimonio de ciudadanos, empresas y bancos y la importancia recaudatoria que entraña para el gobierno, el Registro Público refleja un radical abandono en su mantenimiento y operación, que se traduce en carencias tan graves como la suspensión frecuente del suministro de energía eléctrica y la falta de papel para su funcionamiento básico.
Ante un estilo de gobierno que suele responder a las críticas y enfrentar los cuestionamientos organizando verbenas y bailongos para las multitudes, sólo cabe recordar que los pueblos tienen los parques recreativos, los programas de microcréditos y los servicios públicos que merecen.
