Injusticia. La joven mexicana Italia Méndez, quien aseguró que fue 'brutalmente' violada por la policía junto a otras mujeres, ofrece su testimonio durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, DC, EU.
El gobierno de México ofreció una disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos ocurridos en la comunidad de Atenco en 2006 y su disposición para reparar el daño causado a las víctimas.
"Ofrecemos una disculpa pública por los excesos cometidos por las fuerzas del orden", dijo la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Lía Limón.
Al hablar en una audiencia sobre el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH), Limón ofreció también la solidaridad del gobierno con las víctimas.
La funcionaria dio a conocer el deseo del gobierno de alcanzar una solución amistosa con la venia de la CIDH, que dio entrada a la denuncia sobre los abusos cometidos por agentes del Estado en este caso, incluyendo la violación de mujeres.
"Deseo transmitir la voluntad del Estado mexicano de resolver esto como una solución amistosa", señaló Limón.
Sin embargo, el ofrecimiento fue rechazado por Bárbara Italia Méndez Moreno, una de las víctimas de las agresiones, que rindió testimonio durante la audiencia de ayer jueves, por considerar que la actuación de las autoridades al respecto ha generado sólo desconfianza.
"No es nuestro deseo recurrir a una solución amistosa y pedimos que se emita el informe de fondo", dijo ante la sorpresa tanto de los representantes del Estado como de los comisionados presentes.
Bárbara Italia Méndez, una de las víctimas, señaló que el gobierno mexicano tuvo 6 años para castigar a los responsables de los graves abusos y "hasta ahora no se nos ha hecho justicia", por lo que solicitó a la CIDH que se pronuncie al respecto para que se repare el daño y se sancione a lo s policías involucrados.
Esta audiencia se desarrolló a petición de los denunciantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), quienes solicitaron la intervención de la CIDH para que al menos 11 víctimas de violencia sexual y tortura cometida por policías en San Salvador Atenco puedan acceder a la justicia.
