Sin responsables. Autoridades de la Vicefiscalía del Estado no han fincado responsabilidades en el caso del puente-acueducto, obra que se desplomó el 9 de junio de 2010, cobrando la vida de dos personas.
A casi tres años del desplome del puente-acueducto "San Fernando", el cual cobrara la vida de dos trabajadores, el caso sigue "atorado". Hasta el momento la Vicefiscalía del Estado no ha fincado responsabilidades, por lo tanto la inversión aplicada no podrá exigirse.
OBRA COBRA LA VIDA DE DOS PERSONAS
Fue en enero del 2010 cuando el entonces alcalde Carlos Aguilera, anunciaba el inicio de los trabajos del acueducto con la finalidad de garantizar el abasto de agua potable.
Se trataba de una obra que se realizaría en tres etapas con un costo de diez millones de pesos, ya que la tubería se conduciría en forma paralela por un puente que serviría como puente peatonal de tipo colonial, a fin de que los laguneros disfrutaran el paisaje que daría el Río Nazas.
Sin embargo, fue el 9 de junio del 2010, alrededor de las 5:15 de la tarde, cuando de manera intempestiva la obra se vino abajo y con ella dos trabajadores de la empresa IC Bajío, que se encargaba de su construcción. Los cuerpos de Justo Alfredo Reséndiz y Manuel Villasana Chavarría fueron localizados días después.
La estructura registraba un 75 por ciento de avance en su primera etapa y una inversión cercana a los cuatro millones de los diez que se requerían para su conclusión. Inmediatamente después del accidente, el Municipio, entonces encabezado por el ahora titular del SAPAL, Gerardo de la Torre, solicitó a la UJED y al Colegio de Ingenieros, investigar la causa.
El dictamen determinó que la empresa que proyectó la obra, Construmap SA de CV, era deficiente. En el caso, el Municipio contó con la asesoría del Gobierno del Estado, a fin de "no cometer ningún error y estar dentro de la Ley para que el Municipio no sufra más quebrantos como los que ya ha sufrido", según informó en su momento el propio alcalde Roberto Carmona.
Pero la empresa proyectista se defendió argumentando que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAL) no respetó el proyecto original de la obra y que en conjunto con la empresa constructora, hicieron modificaciones, las cuales pudieron haber provocado el accidente.
Las autoridades judiciales publicaron un edicto para localizar a los representantes legales de ambas empresas, a fin de dar continuidad al proceso, tras la denuncia que interpusiera el Ayuntamiento. De IC Bajío fue imposible, pues proporcionó una razón social inexistente, así como el domicilio que dio, según informó el coordinador de la bancada panista en el Ayuntamiento, Rodolfo Torres, quien en conjunto con sus compañeros de partido exigió un informe en el 2012 sobre la investigación.
INVESTIGACIÓN "ATORADA"
De acuerdo con el edil, los dictámenes de la UJED y del Colegio de Ingenieros no son suficientes para fincar responsabilidades por parte de la Vicefiscalía, por lo que se anunció un nuevo peritaje en el lugar del incidente por parte de ministerios públicos, el cual no se ha llevado a cabo.
"Han pasado casi tres años del incidente y creemos que las características del lugar podrían perderse. Podría realizarse un estudio de mecánica de suelos para determinar si era factible o no la obra", señaló el regidor.
Del puente- acueducto sólo quedó en el "recuerdo", pues la "megaobra" que anunciara el entonces alcalde Carlos Aguilera Andrade fue reemplazada por una línea subterránea también en el vado del Río Nazas, con recursos provenientes del programa de (Apazu) en esta Administración. La inversión fue de aproximadamente 4 millones de pesos.
De pesos se invirtieron en la primera etapa de la obra
Los hechos
Detalles del puente-acueducto:
⇒ Los trabajos iniciaron en enero del 2010.
⇒ Se pretendía garantizar el abasto de agua potable.
⇒ El incidente se registró a cinco meses de haber iniciado con los trabajos.
⇒ Dos trabajadores de la empresa IC Bajío perdieron la vida al desplomarse la estructura.
⇒ La obra registraba un avance del 75 por ciento al momento del incidente.
