El Cabildo es, en teoría, la máxima autoridad de un municipio. Es la institución en donde se discuten, analizan y aprueban las decisiones que afectan a los habitantes de la célula administrativa de la República. El ayuntamiento es el nivel de gobierno más cercano a los habitantes del país… pero también, a veces, el menos funcional, el más discrecional y el menos independiente. En los últimos años se han planteado en Coahuila algunas propuestas para tratar de fortalecer a los ayuntamientos y mejorar la rendición de cuentas de sus integrantes. No obstante, dichas propuestas no han prosperado. Obligar a los regidores a cumplir un horario, a comprobar fehacientemente ciertos gastos, fijar topes salariales, son algunos de los planteamientos hechos que, en vez de atajar el problema de fondo, parecen sólo abordarlo en la superficie. La cuestión con los municipios y su institución regidora tiene que ver más con aspectos como la representación, la autonomía y la capacidad de hacer frente a los asuntos que preocupan a los ciudadanos.
¿Cuánto nos cuesta el Cabildo? ¿Qué beneficios reales deja a la ciudadanía este órgano colegiado? ¿A quiénes representan los regidores? ¿Para qué sirven? Según la información disponible en la página de Internet del Ayuntamiento de Torreón, sólo por la remuneración mensual de los 15 ediles, incluidos síndicos y alcalde, se erogan al año ocho millones 114 mil 634 pesos. Esta cifra excluye los 15 mil pesos mensuales de "gastos de gestoría" que recibe cada regidor y síndico sin criterios claros de comprobación, así como la prestación anual de 35 mil pesos de "ayuda escolar" para cada uno de ellos. En suma, el Cabildo le cuesta a los contribuyentes 11 millones 375 mil 467 pesos anuales, sólo de percepciones de sus integrantes. Esta cifra equivale, por ejemplo, a 30 veces más de lo erogado en 2012 en el programa de atracción de inversión nacional y extranjera; a diez veces más de lo invertido para creación y fomento del empleo, y a dos veces más de lo gastado en promoción turística en el mismo año.
Pero el próximo ayuntamiento puede resultar aún más costoso para el erario. Debido a la reforma político-electoral estatal más reciente, el Cabildo de Torreón contará a partir del primero de enero de 2014 con 21 integrantes. En caso de que se mantengan las mismas percepciones, el próximo concejo municipal costaría 15 millones 801 mil 139 pesos al año. Lo más grave del caso es que el aumento en el número de concejales no garantiza una mayor representación de la ciudadanía en el órgano colegiado, tampoco eficiencia ni autonomía. El problema de los ayuntamientos es estructural.
Los regidores ni los síndicos son electos directamente por la ciudadanía. Más de la mitad de ellos, incluyendo al primer síndico, entran en planilla con el candidato a alcalde que resulta ganador de la elección. Así, en automático, el presidente municipal asume el cargo con una mayoría que le permite maniobrar prácticamente sin oposición ni contrapesos. Los demás regidores y el segundo síndico entran bajo el principio de representación proporcional, pero también gracias a un lista palomeada por las cúpulas partidistas. Así, los ediles responden exclusivamente a los intereses de sus partidos o, en el mejor de los casos, a los grupos o corporativos a los que pertenecen y que logran colocarlos en el Cabildo gracias a negociaciones o pago de cuotas políticas. No existe, siquiera en el papel, un vínculo real entre el elector y el regidor, algo que obligue, al menos moralmente, a éste a buscar la aprobación de aquél.
Debido a lo anterior, no es de extrañar que los regidores pasen por alto las críticas de varios sectores de la ciudadanía, quienes los ven como servidores públicos improductivos y, en el caso de los que pertenecen al partido en el poder, comparsas del alcalde. Lo hemos visto en la actual administración de Eduardo Olmos. Frente al creciente reclamo de la población por el aumento de la delincuencia y ante los problemas que generan el cierre de calles en colonias de nivel medio y alto, la comisión de Seguridad Pública y Vialidad, presidida por el priista José Elías Gánem, sólo ha sesionado una vez. Es decir, para los integrantes del Cabildo no hay asunto relacionado con la seguridad y el libre tránsito en las calles que merezca la pena discutir en el seno de la máxima autoridad municipal.
En este contexto, tampoco resulta raro que una herramienta tecnológica de transparencia en esencia positiva, como lo es el Monitor de Cabildo, quede en mero artificio de presunción del ayuntamiento, pues los ediles, que son quienes proporcionan la información para alimentar el sitio web, no están obligados a hacerlo. La rendición de cuentas y la transparencia en torno a su labor queda a su criterio y voluntad.
Por otra parte, la ausencia de representación y la mayoría automática del partido en el poder local, facilita la injerencia y control del Gobierno estatal cuando es del mismo color. La línea dictada desde Saltillo no encuentra oposición ni crítica efectiva en los cabildos dominados por el PRI. Aquí, la palabra del gobernador Rubén Moreira es mandato para el cual la aprobación de los regidores es un mero trámite para intentar legitimar una orden que es inapelable. ¿Existe espacio para el ejercicio democrático en la toma de decisiones de la vida pública de los municipios? ¿Es sólo el día de la votación cuando se tiene esta oportunidad? Bajo el esquema actual de ayuntamiento, sólo para eso alcanza nuestra democracia.
Pero existe otra limitación en los municipios y es su capacidad de respuesta y acción. Lo hemos visto en temas como la seguridad, la movilidad urbana y la planeación: los gobiernos locales de La Laguna no tienen la fortaleza de hacer frente a esos problemas y la única salida que les queda es la de recurrir a la ayuda de los otros dos niveles de gobierno. Pero en lugar de buscar estos el fortalecimiento de la estructura institucional más básica de la República, lo que terminamos viendo es mayor subordinación y pérdida real de autonomía. Se habla incluso de desaparecer las policías municipales, quitar a los cabildos las facultades de revisar y aprobar las cuentas públicas, es decir, hacer al gobierno local más inútil.
La solución a la incapacidad estructural de los ayuntamientos de resolver los problemas de la ciudadanía deben ir en sentido contrario: más representación, mayor participación, mejor rendición de cuentas y mejores mecanismos institucionales. Mientras no se modifique el actual esquema municipal y no se den espacios a la ciudadanía en la toma de decisiones de los principales temas de la vida pública de las urbes, seguiremos padeciendo ayuntamientos que sólo en el papel son libres, democráticos, republicanos, representativos y populares, a pesar del costo que representa al contribuyente mantenerlos.
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