La reforma fiscal anunciada desde el comienzo de la administración del presidente Enrique Peña Nieto (EPN) como parte de las reformas amparadas por el Pacto por México, fue presentada el pasado 8 de septiembre.
Esta iniciativa, aunque todavía está pendiente de discutirse y aprobarse en el Congreso de la Unión, constituye seguramente la propuesta más audaz, si cabe el término, en materia fiscal que se hará durante el presente sexenio.
Una buena reforma es necesaria porque nuestro sistema impositivo se prostituyó en el tiempo, según se inventaron nuevos impuestos y aumentaron el número de tratos preferentes y exenciones, tanto en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) como en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Eso creó muchas distorsiones en la asignación de recursos y no generó los recursos necesarios para financiar las tareas fundamentales del gobierno, comenzando por la seguridad de sus ciudadanos y el gasto social.
La reforma tiene varios cambios positivos en lo que se refiere al ISR, donde se reducen o eliminan los regímenes especiales de este impuesto como la consolidación fiscal, desaparecen tratos preferentes y se acotan las deducciones, pero en vez de recortar también el gasto público, se fue por el camino fácil de aumentar la tasa marginal al 32 por ciento para los ingresos superiores a 500 mil pesos.
Se propone también gravar a una tasa definitiva del 10 por ciento las ganancias en la venta de acciones en bolsa y los dividendos distribuidos por personas morales.
Con la pretensión de apoyar al medio ambiente, la iniciativa considera impuestos a los combustibles con contenido de carbono y a los plaguicidas. Al mismo tiempo se promete reducir el año entrante el incremento mensual en los precios de las gasolinas y el diesel.
Otro cambio positivo es la propuesta para eliminar el impuesto a los depósitos en efectivo y el impuesto empresarial a tasa única, mejor conocido como IETU, y que critiqué en varias ocasiones desde que lo planteó la administración de Calderón.
Entre los puntos negativos, desde mi punto de vista, está tratar de atacar el problema de la obesidad en nuestro país con un impuesto a los refrescos que, paradójicamente, afectaría bastante más a los que la reforma busca beneficiar. ¿Si los diferentes problemas de salud se achacan a algún producto, dónde va a parar la mano paternalista y entremetida del gobierno?
La gran deficiencia de la propuesta de reforma, sin embargo, está en lo que se plantea para el IVA, principalmente porque uno de los temas más comentados en los medios de comunicación y esperado por la sociedad, era la aplicación de este impuesto a la gran mayoría de los bienes y servicios que se ofrecen en la economía.
La duda que imperaba era el nivel al que se fijaría la tasa para los productos y servicios que hoy no lo pagan. Ya se había transitado, pues, el camino más difícil, que era preparar a la opinión pública para un cambio de esta naturaleza.
El gobierno, sin embargo, se rajó al final. Se conformó con la homologación del IVA en la zona fronteriza, eliminar las exenciones en los servicios de educación privada, en el pago de intereses sobre hipotecas y sobre las importaciones temporales.
Desperdició, así, esta gran oportunidad de generalizar el impuesto al consumo y, además, aumentó la dificultad de su posible aplicación en el futuro, al reiterar que se dejó fuera porque afectaría a las clases más necesitadas del país. La experiencia de la gran mayoría de los países que aplican el IVA es que tienen menos excepciones que nosotros, tasas más elevadas y, en muchos casos, uniformes para todos los bienes y servicios.
Su carácter regresivo lo remedian de una manera más eficiente con un esquema de apoyos vía el gasto público y enfocados exclusivamente sobre los estratos de menores ingresos de la población.
Con los cambios propuestos, las autoridades esperan recaudar cerca de 240 mil millones de pesos, equivalentes al 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto estimado para el año entrante.
Con esos recursos el Gobierno planea recuperar parte de los ingresos petroleros cedidos a Petróleos Mexicanos, así como financiar nuevos gastos sociales (una pensión universal y el seguro de desempleo), olvidándose de que al subir las tasas de interés sus gastos financieros absorberán prácticamente todos esos recursos.
Esta reforma dio varios pasos en la dirección correcta, pero al quedarse corta en lo referente al IVA será insuficiente para lograr las metas de recaudación y financiar los ambiciosos programas de gasto, por lo que no nos sorprendamos cuando en un futuro no muy lejano se nos hable de la necesidad de otra reforma tributaria.
