Una de las medidas más reaccionarias del gobierno de Marcelo Ebrard fue la Norma 29. Esta disposición, que con un lenguaje orwelliano se presentaba como una disposición para el "mejoramiento de las condiciones de equidad y competitividad para el abasto público", busca impedir la instalación de tiendas de autoservicio o de conveniencia en las zonas más pobres de la ciudad de México.
La medida fue impulsada para obtener el apoyo político de los locatarios de los mercados públicos y dueños y operadores de tiendas de abarrotes y misceláneas. Al impedir la instalación de nuevos competidores, se buscaba incrementar sus márgenes de ganancia. Como hemos podido constatar con las recientes alzas en los precios de la tortilla, el huevo y el pollo, sin embargo, las tiendas de autoservicio son los comercios que ofrecen precios más bajos. Por eso, el resultado fundamental de la Norma 29 sería condenar a los más pobres a pagar precios más altos.
La Procuraduría General de la República promovió una controversia constitucional contra la Norma 29. En septiembre de 2012 seis ministros de la Suprema Corte la consideraron inconstitucional por vicios de procedimiento en su aprobación, mientras que cinco decidieron lo contrario. Como se requiere de una mayoría de ocho votos para declarar la inconstitucionalidad, la norma sobrevivió de momento, aunque los ministros ordenaron la preparación de un nuevo proyecto para tocar el fondo del asunto.
El nuevo proyecto, que ha estado a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán y probablemente será llevado al pleno el próximo mes de junio, propone declarar como inconstitucional la Norma 29.
El proyecto de Pérez Dayán desecha, para empezar, el argumento del gobierno y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de que el decreto no es un acto legislativo sino administrativo y por lo tanto no puede ser sometido a una controversia constitucional. Según el ministro, el decreto impugnado reúne las características de generalidad, abstracción y obligatoriedad de una norma de observancia general (si camina como pato, grazna como pato y parece pato, entonces es un pato).
La decisión más importante surge cuando el estudio entra al fondo. El proyecto declara como "esencialmente fundado" el argumento de la PGR que aduce que la Norma 29 "inhibe el proceso de competencia y libre concurrencia en la comercialización de productos de la canasta básica". Al impedir que se establezcan nuevos competidores con el sistema de autoservicio en aquellas zonas permitidas para tiendas de abarrotes y misceláneas, se promueve que "éstas dominen el mercado por la influencia que ejercerán sobre los precios". La norma viola así el artículo 28 constitucional que prohíbe los monopolios.
El proyecto cita la opinión técnica de la Comisión Federal de Competencia Económica que señala "que las disposiciones de la norma impugnada resultan nocivas al proceso de competencia y libre concurrencia y, en consecuencia, son contrarias al interés público y al bienestar de los consumidores".
El proyecto de Pérez Dayán es positivo, pero los demás ministros pueden tener opiniones distintas. No es fácil alcanzar la mayoría de ocho votos para invalidar la norma. Los ministros tienen obligación de fundamentar su decisión en la Constitución, pero también deben pensar que no hay nada más injusto que obligar a los pobres a pagar precios más altos que los demás consumidores, aunque en un lenguaje orwelliano se pretenda que es por su bien.
REGIÓN MÁS TRANSPARENTE
Gerardo Moncada de El Poder del Consumidor afirmó ayer que México, Toluca, Mexicali y Puebla no han registrado un solo día con aire limpio en 2013. Curioso. Apenas el 30 de diciembre Armando Retama, director de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, apuntaba que 2012 fue "el mejor año en materia de calidad del aire" con 245 días libres de ozono y 328 días con menos de 100 puntos IMECA en partículas.
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