Colocada la reversa en la ruinosa operación realizada por el gobierno pasado en España, al ampliar su participación en la empresa petrolera Repsol, cuyos papeles se cotizan a ras del suelo, Petróleos Mexicanos está metiendo otro pie en el pantano al rescatar un astillero en Galicia.
Estamos hablando del que lleva como razón social Hijos de J. Barreras, quien acaba de salir de un concurso mercantil para renegociar una deuda de 100 millones de euros, obteniendo una quita, es decir de lo perdido lo que aparezca, del 80%.
La operación, que implicaría la compra de 50% del capital de la empresa gallega, ya fue autorizada por el Consejo de Administración de la empresa pública.
La justificación de ésta habla de salvar un contrato que le había otorgado la anterior administración de la empresa paraestatal a la firma para construir cinco floteles, es decir hoteles flotantes.
El costo de éstos sería de 320 millones de dólares… por cada uno.
El documento hablaba de siete embarcaciones-habitación para los trabajadores de la empresa pública que laboran en plataformas colocadas en aguas profundas. Sin embargo, desatado el escándalo en México tras el gesto de malinchismo, se decidió que dos de éstos se construyeron en astilleros mexicanos.
Lo cierto es que con la operación Pemex estaría avalando un contrato que en su momento se calificó de ilegal.
Este lo firmo a espaldas del Consejo de Administración de la paraestatal su filial PMI Comercio Internacional.
Se había dicho entonces que la operación incluía la instalación de un centro logístico en el puerto de Langosteira, tras adjudicarle a Pemex la explotación de una terminal.
Como recordará usted, la noticia del contrato, divulgada profusamente por los gallegos, llegaba justo cuando estaban en vísperas de elecciones en la región, lo que se consideró como un empujoncito a la causa del Partido Popular por parte del gobierno conservador de Felipe Calderón.
Se aseguraba que éste había dado la orden de amarrar la operación al precio que fuera.
Como usted sabe, la zona marítima de Galicia estaba en ruinas, con la tercera parte de los trabajadores despedidos; con los astilleros ociosos; con operaciones mínimas de comercio internacional.
El documento, firmado por el representante de PMI en España, José Manuel Carrera, llegaba, pues, como un bálsamo.
El aplauso lo encabezó el propio presidente conservador español, Mariano Rajoy.
El problema es que en la prisa por lanzar el pial, se le olvido al director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, un pequeño detallito: lanzar la convocatoria para una licitación internacional.
La paradoja del caso es que la nueva expedición de Pemex en España llega justo cuando se intenta desbaratar otra, cuyo efecto resultó en una perdida para la empresa pública de 10 mil 200 millones de pesos, casi la mitad del costo de la operación.
A contrapelo de todas las reglas, empezando por la de prudencia, Pemex se alió con una inmobiliaria socia de Repsol para alcanzar mayoría en el capital. El 20% de la firma se sumaría 9.49 que alcanzó la paraestatal tras adquirir un 5% adicional.
El caso es que el "socio" decidió vender la mitad de su parte, dejando colgada a la empresa pública; el caso es que la filial de Repsol en Argentina fue nacionalizada por la Casa Rosada; el caso es que las acciones de la petrolera española sin campos petroleros que explotar se cayeron dramáticamente en su precio…
Lo patético del asunto es que en la fase previa a la operación se desató una virulenta campaña contra México, al que se acusaba de querer tomar a la mala el control de la compañía, al punto de debatirse la calidad moral de la paraestatal.
¿Se acuerda de aquella canción que decía "tropezó de nuevo y con la misma piedra…"?
El nuevo PRI le lava la cara al viejo PAN.
BALANCE GENERAL
De acuerdo a los "expertos", al lograr el voto de los 27 países que integran la Unión Europea, incluido Portugal, el exsecretario de Comercio, Herminio Blanco, tenía asegurada la dirección general de la Organización Mundial de Comercio.
La realidad, sin embargo, le otorgó el voto mayoritario a su rival en la recta final, el brasileño Roberto Azevedo.
El fiasco demuestra la incapacidad de la diplomacia mexicana para lograr acuerdos, por más que se le había presentado al aspirante mexicano como el hombre idóneo para arrendarle futuro al organismo.
Como Carlos Salinas De Gortari, quien no llegó siquiera a figurar entre los aspirantes, Blanco se quedó en el camino.
Otro que se nos va por falta de madurez.
URBI EN LA LONA
Aunque prácticamente la totalidad de las empresas promotoras de vivienda está en situación crítica ante el cambio de reglas del gobierno para el reparto de subsidios que las dejó colgadas con colosales extensiones de tierra, el caso más patético es el de Urbi.
En lo que va del año las ventas de la firma se han caído 84.4%, es decir colocó apenas 911 viviendas frente a las 6 mil 984 del mismo lapso del 2012.
Si entonces tenía un flujo de operación de dos mil 476 millones de pesos, éste se ha reducido a sólo 160 millones, que resultan insuficientes para el pago de intereses de sus emisiones de deuda.
De hecho, acaba de incumplir con un pago aparentemente insignificante.
El precio de las acciones de la compañía, se cotiza en sólo 1.93 pesos.
ATACA EL BARZóN
De acuerdo al movimiento de deudores rurales conocido como el El Barzón, cuatro son los puntos que debe contener una reforma financiera para alcanzar su objetivo de mayor penetración del crédito… a tasas más bajas.
El primero es que el Banco de México asuma la rectoría para promover la estabilidad mediante la productividad y la producción, estableciendo tasas mínimas para fomentar el ahorro y máximas para los préstamos productivos.
El segundo apuntaría a legislar en materia de garantías y crédito, integrándose un esquema público para ofrecer éstas de cara a solicitantes del sector agrícola.
El tercero apuntaría a fusionar a todos los bancos de desarrollo (Nacional Financiera, Financiera Rural, Bancomext, Bansefi, Hipotecaria Federal, Banobras…) para operar en el primer piso, es decir con opción de captación y préstamos.
El último propone la creación de la que llama un subíndice productivo que defienda a los usuarios de servicios financieros para evitar el embargo del salario y las pensiones, erradicar la cobranza abusiva y fortalecer una red de defensores de oficio.
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