El PAN y el PRD descubrieron diversas irregularidades (en algunos casos claramente delitos electorales) en los procesos locales de julio pasado y decidieron condicionar su presencia en el Pacto por México a la firma de una adenda que incluyera legislar al respecto. Desde aquel momento exigieron que dicha reforma, que denominan política electoral, se desahogara antes que las reformas energética y hacendaria.
La dirigencia y legisladores panistas presentaron en la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma que va mucho más allá de lo electoral; mientras tanto el PRD se limitó a presentar, en la Cámara de Diputados, dos iniciativas directamente vinculadas al tema señalado.
En lo referente a este tema hay plena coincidencia en las iniciativas de ambos partidos en dos aspectos: uno, sancionar el rebase de los topes de gastos de campaña de los candidatos con la nulidad de la elección correspondiente; y dos, en la creación del Instituto Nacional Electoral.
La primera reforma es indispensable para intentar detener el creciente flujo de recursos a las campañas electorales, pues mientras la violación de los topes de gastos de campaña no tenga ninguna consecuencia sobre el resultado de la elección y todo se reduzca a una multa a los partidos políticos y/o los candidatos, éstos estarán dispuestos a cubrirla -en el remoto caso de que los descubran y los sancionen- pues dichos montos los recuperarán con creces a través de los ingresos que recibirán durante el ejercicio del cargo, en caso de que la multa fuese a los candidatos.
La segunda reforma es más cuestionable y controvertida, pues más allá de la franca violación a la soberanía de los estados y los principios del federalismo, el concentrar la organización de los procesos electorales en un órgano electoral único no es ninguna garantía para la celebración de elecciones legales y equitativas, como lo muestran los conflictos postelectorales de las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 y, sobre todo, el tratamiento que les dieron el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Para ilustrar lo señalado en el párrafo anterior basta recordar que la reforma relativa al rebase de los topes de gastos de campaña tiene su origen en lo sucedido en la pasada elección presidencial, sin embargo, si dicha disposición hubiese estado vigente en ese momento no hubiese tenido ningún efecto sobre el resultado de la elección presidencial, pues de acuerdo al dictamen de fiscalización de la autoridad electoral el candidato ganador, Enrique Peña Nieto, cumplió con los topes de gastos de campaña.
Lamentablemente la captura de los órganos de dirección de las autoridades electorales por parte de los partidos políticos es un mal generalizado. La práctica en los 33 poderes legislativos (31 congresos estatales, la Asamblea Legislativa del DF y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión) es exactamente la misma: las distintas fuerzas políticas se reparten las posiciones en los Consejos en función de su fuerza electoral. Claro, el resultado no es el mismo porque la participación electoral de los partidos políticos varía de acuerdo a las distintas regiones del país y, por lo tanto, los consejeros o comisionados que le toca designar a cada partido político es distinto; incluso hay varias entidades en las que, por la composición del Congreso, el gobernador logra el control del órgano electoral. Así el problema no es tener 1 ó 32 órganos electorales, sino el procedimiento y las prácticas para la designación de los integrantes de los órganos de dirección de estos institutos.
Sin embargo, a panistas y perredistas no les interesa corregir esa deficiencia, sino únicamente incrementar sus privilegios, es decir, hasta hoy en el Consejo General del IFE el reparto entre las tres fuerzas políticas es igualitario y, desde luego, su apuesta es mantenerlo en esas mismas proporciones cuando se convierta en Instituto Nacional Electoral (INE). Y dado que este consejo sería el responsable de designar a los consejos estatales, lo cual trasladaría la discusión de su integración al escenario nacional, blanquiazules y amarillos piensan que pueden lograr una mejor negociación.
Y aunque hoy no puede repetirse el escenario de octubre del 2003 (la última ocasión en que se renovó en su totalidad el Consejo General del IFE) porque hoy la renovación de los consejeros se realiza en forma escalonada, en el caso de que alguna de estas fuerzas políticas fuese marginada o, al menos, disminuida su participación al momento de las renovaciones de los consejeros el desequilibrio en la integración del Consejo General podría trasladarse a los otros 32 órganos, con lo cual los impactos para dicha fuerza políticas podrían ser catastróficos, pues estaría compitiendo en condiciones desventajosas inclusive en las entidades en las que sea fuerza mayoritaria.
En América Latina únicamente hay cuatro estados federales: Argentina, Brasil, México y Venezuela, los dos primeros organizan las elecciones (estatales y nacionales) a través de estructuras estatales, es decir, en forma descentralizada; México, es el único que tiene dos estructuras paralelas (una nacional y 32 locales); y Venezuela, el único que tiene una única estructura centralizada, como la que hoy pretenden crear PAN y PRD.
Para el partido en el gobierno es más fácil controlar una estructura nacional que 32 estructuras locales, por eso resulta aberrante que sean los partidos de oposición los que impulsen una propuesta que fácilmente puede revertírseles, sin embargo, hoy sus dirigencias nacionales parecen dispuestas a impulsarla y la decisión final quedará en manos de los tricolores, que en caso de estar de acuerdo con la propuesta opositora seguramente tendrán que vencer las resistencias de algunos de sus gobernadores.
