La corrupción es un mal que padecemos enMéxico desde hace varias decenas de años y, aunque se ha dado alternancia en los gobiernos federal y locales, esta mala práctica de los servidores públicos no ha disminuido, sino que, por el contrario, existe la percepción de haberse incrementado hacia los últimos años.
Los mexicanos pagamos una especie de IVA adicional en corrupción a los gobiernos. Por ejemplo, de acuerdo con datos de Transparencia Mexicana, que es el capítulo nacional de Transparencia Internacional, en promedio, los hogares mexicanos destinaron 14% de su ingreso a pagar actos de corrupción; aunque para quienes reciben hasta un salario mínimo, este costo representó 33% de su ingreso.
El estudio realizado por Transparencia Mexicana, reflejado en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010 (INCBG), señala que en ese año se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares, cuando en 2007 fueron 197 millones de actos.
En otros datos, una "mordida" costó a los hogares mexicanos, en 2010, un promedio de 165 pesos; en 2007, el promedio fue de 138 pesos. Asimismo, en 2010, para acceder o facilitar los 35 trámites y servicios públicos medidos por Transparencia Mexicana, se destinaron más de 32 mil millones de pesos en "mordidas"; en 2007 este costo fue de 27 mil millones de pesos. Finalmente, de los 35 trámites medidos en 2007 y 2010, 14 redujeron su nivel de corrupción, pero los 21 restantes empeoraron.
A nivel internacional, la percepción de la corrupción en México ha llegado a niveles alarmantes. En el ranking del Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, nuestro país ocupa el lugar 105, de 176 naciones. De los países que pertenecen a la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), México ocupa el último sitio (lugar 34). Y en América, México tiene la posición 22, de un total de 32 países.
Además de la corrupción en trámites y servicios, los mexicanos tenemos que pagar el costo de la cultura del diezmo, según la cual los proveedores del Sector Público deben entregar, por fuera, un porcentaje adicional (que fluctúa en alrededor del 10%) para vender sus productos o servicios a los gobiernos; costo que se paga con el dinero de los contribuyentes, dado que la cuota se adiciona al precio final de los bienes o servicios adquiridos.
Nuestra capital del país es el sitio en donde se tiene la más alta percepción de corrupción, según el estudio de Transparencia Mexicana. Sin embargo, recordemos que esta ciudad concentra los poderes de la Unión y, en consecuencia, la mayor parte de las instituciones federales, además de las del gobierno local.
Asimismo, existe una gran densidad de población, lo cual hace que se potencialicen los posibles actos de corrupción.
En cualquier caso, para combatir estas prácticas dañinas que se han arraigado en gran parte de las instituciones gubernamentales, es necesario llegar a un efectivo sistema nacional de rendición de cuentas, en donde los gobiernos no solamente transparenten su gestión, sino que expliquen y justifiquen sus actos de gobierno, sus políticas públicas, las compras que realizan, y estén abiertos a las auditorías ciudadanas, a las críticas y a la toma de decisiones en conjunto con la sociedad.
La rendición de cuentas es el gran tema pendiente de los gobiernos. Por ello, los legisladores federales deben asumir su compromiso con la sociedad para dar trámite a las reformas constitucionales en materia de transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción. De esta manera se propiciará un cambio estructural que coadyuvará a la transformación de las instituciones y de la sociedad.
* Comisionado presidente del InfoDF
