La Procuraduría General de la República (PGR) informó que de los años 2000 a 2012 erogó 178 millones 261 mil 493 pesos, para cubrir gastos relacionados con la protección de 614 testigos colaboradores.
La información fue dada a conocer por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), el cual detalló que ya instruyó a la dependencia a buscar y proporcionar esa información desglosada por costos de manutención, transporte, vivienda, compensación u otros, tal y como le fue requerida por el solicitante.
Respecto del período comprendido entre el año 2000 y diciembre de 2012 -es decir, durante los sexenios del Vicente Fox y Felipe Calderón-, un ciudadano pidió el número de los testigos colaboradores y/o protegidos que tiene la PGR, la organización delictiva a la que pertenecían, tipo de información que proporcionaron y para qué ha servido esa información.
También solicitó el número de testigos protegidos que han cumplido con su encomienda y tipo de protección o apoyo que les sigue brindando la PGR; el número que se han ido del país por motivos de seguridad; monto de gasto de la PGR, detallado por manutención, transporte, vivienda, compensación u otros.
Requirió además el número de testigos protegidos que han sido dados de baja del programa y motivo de la baja; que han renunciado a la colaboración y motivo de la renuncia; que han terminado su encomienda y reincidieron en actividades ilícitas.
"Causas legales que originan la pérdida del carácter como testigo protegido; perfil criminológico o requisitos que debe cumplir la persona que funge como testigo protegido", informó el IFAI en un comunicado.
Por lo que se refiere a los requisitos que debe cumplir la persona que decide acogerse a la figura de testigo protegido, la PGR informó que éstos se encuentran establecidos en el artículo 35 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, pero dijo no contar con el resto de lo solicitado. Por ello, el ciudadano presentó un recurso de revisión ante el IFAI, que fue turnado a la comisionada Sigrid Arzt, por recibir información que para él es incompleta.
En alegatos, la PGR precisó que no lleva un control o estadística con ese tipo de indicadores y precisó que de existir la información requerida, serían datos de averiguaciones previas y, por ende, información reservada y confidencial reservada hasta por un periodo de 12 años.
En el análisis jurídico del caso, la comisionada Sigrid Arzt dijo que la PGR ha hecho pública información respecto a gastos de dicho programa, con más detalle de lo solicitado. Así comisionada Arzt instruyó a la PGR realizar una nueva búsqueda de la información en todas las unidades administrativas que resulten competentes, para poner a disposición la información solicitada, al nivel de agregación y detalle con la que cuente.
