En lo colectivo, dicen los clásicos, es sano pagar más impuestos. Pero en lo individual, a nadie le gusta soportar una mayor carga impositiva.
Para que un Estado pueda atender las necesidades de la población que lo compone necesita fortaleza. Esa fortaleza pasa en buena medida por la disposición de recursos. Sin recursos, un Estado encontrará limitaciones para construir políticas públicas que logren resolver los problemas de la sociedad, sobre todo de los sectores más vulnerables. La recaudación de impuestos, entonces, se hace necesaria. Pero esta realidad es sólo la mitad de la ecuación.
No basta con tener mayores recursos públicos, es menester administrarlos bien. Gran parte de la renuencia del ciudadano a pagar más impuestos se alimenta de la desconfianza que existe sobre el manejo que hacen los gobiernos del dinero del erario. Sólo los resultados positivos, la transparencia y la clara rendición de cuentas puede abatir esa desconfianza. Solicitar a los contribuyentes que desembolsen más recursos sin informar claramente en qué se gasta su dinero y, sobre todo, sin ofrecer eficiencia en la aplicación de programas financiados con el mismo, equivale a exigir de la ciudadanía un acto de fe ciega.
Son muchos los motivos que encuentra, por ejemplo, un ciudadano de Torreón para no aceptar que se le apliquen mayores gravámenes. El deplorable estado actual de la ciudad, la inseguridad, el deterioro de los servicios públicos, son situaciones que se presentan pese a que año con año se destinan -en teoría- millones de pesos del erario para atacar esos desafíos. El desaseo en el manejo de los recursos y la resistencia a la rendición de cuentas son realidades que impiden al contribuyente confiar en la administración de los recursos que son de todos.
Si a lo anterior sumamos el desequilibro con el que aplican los gobiernos estatales los dineros, siempre privilegiando a la capital sobre las demás regiones de la entidad, y el hecho de que no ha sido explicada en su totalidad una deuda de 36 mil millones de pesos que los coahuilenses están pagando, pues resulta casi imposible encontrar incentivos.
Pero no es todo. A nivel nacional se ha visto cómo una buena parte de la economía está exenta de pagar impuestos. Es la llamada economía informal, la cual alcanza el 50 por ciento de todas las actividades productivas. Por lo que, quienes tienden a soportar la necesidad de los gobiernos de cobrar más impuestos suelen ser los mismos, es decir, los contribuyentes cautivos.
Por si fuera poco, el contribuyente cumplido promedio es víctima y testigo de una clase gobernante onerosa cuyos integrantes gozan de privilegios que la mayoría de la población no cuenta. Regidores, alcaldes, diputados, senadores, gobernadores, jueces, funcionarios del gabinete y el propio presidente poseen, gracias al sueldo proveniente de los impuestos, niveles de vida que un asalariado común o un microempresario jamás pudieran siquiera soñar. Y aún así quieren que paguen más impuestos.
Si en realidad se busca tener un Estado más fuerte y con más recursos a su disposición, todo esto debe comenzar a cambiar. De lo contrario, en 6 o 12 años seguiremos hablando de los mismos problemas y de los mismos lastres para superarlos.
