El futuro de Florence Cassez está de por medio. Cualquier vida es importante, la de ella no es la excepción. Las buenas relaciones entre México y Francia están en entredicho. No es poca cosa. Pero para los mexicanos como individuos y para México como nación, hay algo aún más importante: la instalación del debido proceso en nuestro país. Hoy cualquiera puede ser víctima de un proceso viciado de origen. Detenciones arbitrarias e indebidas, arraigos prolongados, corruptelas, la lista de amenazas constituyen un horror potencial en la vida cotidiana. El debido proceso es la única garantía de lo más preciado, la libertad. Lo que se discutirá mañana en la Primera Sala de la Suprema Corte es un parteaguas para más de 115 millones de mexicanos.
Las objeciones a la rectificación jurisdiccional son múltiples. Cassez estuvo involucrada en actos delictivos, dicen. Imposible que no se hubiera enterado. ¡Que se pudra en la cárcel! En el otro extremo es una blanca paloma, no sabía nada, pobre inocente. La bruma sobre el fondo impera. Donde no hay duda es la violación de sus derechos procesales. Se impone una discusión de principios. El estado de derecho no se instala de la noche a la mañana. El imperio de la ley y tener autoridades respetuosas de su supremacía, son los cimientos de un edificio que lleva tiempo edificar.
No caben posturas a medias, indefiniciones. Hubo o no violación al debido proceso, ese es el quid. En la defensa del debido proceso no puede haber variaciones en el rumbo. Si la autoridad no tiene claro hacia dónde se dirige, difícilmente llegaremos a buen puerto. México no es una democracia perfecta, pero esperamos que cada decisión de la autoridad esté encaminada hacia allá. Cuando las autoridades electorales no son consistentes con los principios de la democracia, el asunto es muy grave. Sólo así se modifica la terca realidad. Lo mismo ocurre en el ámbito de la administración de justicia. Sabemos de nuestras múltiples deficiencias, arbitrariedades, deformaciones de los Ministerios Públicos, de las incapacidades de jueces locales y federales, pero la responsabilidad última de fijar el rumbo recae hoy en la Corte.
En el caso Cassez hubo múltiples violaciones al debido proceso, además del increíble montaje mediático. El affair Cassez ha exhibido a México frente al mundo. La participación de la mujer es muy discutible. Lo que no está a discusión son las violaciones al debido proceso. En cualquier democracia que se respete de serlo la más mínima violación del debido proceso invalida la causa. Aceptar la violación al debido proceso es otorgar una licencia a la arbitrariedad y la injusticia. Los tiempos de la detención no cuadran, la tardía notificación consular es evidente, los testimonios de los testigos se desmoronan, de nuevo, el montaje es una aberración.
Renato Sales (La Razón, 19, 02, 2013) nos recuerda el caso Miranda rights de 1963, que llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos en 1966. En el caso paradigmático se demostró la responsabilidad del inculpado, pero también la violación de sus derechos procesales. Se procedió a la liberación con el principio de que la autoridad no puede ser la primera en violar la ley así invoque la verdadera justicia. Es Cassez cuarenta años después. El caso Miranda dio pie a la letanía de "Tiene derecho a guardar silencio…" Si no mal recuerdo Bernardo Sepúlveda, actual juez de la Corte Internacional de Justicia, invocó ese mismo caso en la defensa de los mexicanos cuyos derechos consulares fueron violados y México ganó el caso ante esa Corte. De qué lado estará la Primera Sala.
Ahora nos toca en carne propia. Ante el mundo las autoridades cometieron varias violaciones. Ante el mundo México no ha accedido al pleno estado de derecho porque el debido proceso no se respeta. Eso ocurre en muchos países, pero lo más grave sería quedar en la indefinición de la máxima autoridad jurisdiccional. Por encima del debido proceso no puede haber otras consideraciones. Cómo explicar al mundo que hubo violaciones pero que Cassez sigue en la cárcel. Para los "garantistas" en la Corte este es un punto de inflexión. Si pierden el caso Cassez con todas las burdas anomalías, la discusión sobre el debido proceso se diferirá. El costo para México en imagen, en inversiones, pero sobre todo en seguridad sería incalculable. Para los que no se han definido como "garantistas" es un buen momento para reflexionar sobre su posición en un mundo globalizado que exige el imperio del debido proceso.
Primero el ministro Zaldívar y ahora la ministra Sánchez Cordero -según sus propias declaraciones- mantendrán su posición garantista. Congruencia. El ministro Pardo estuvo en la posición contraria. Gutiérrez debuta en un caso penal de esta dimensión. El fiel de la balanza debiera ser Cossío. Se espera definición. Sin exageraciones: la justicia mexicana tiene mañana una cita histórica: la oportunidad de dar una señal clara en favor del debido proceso, del imperio de la ley.
