'Estoy desconcertado no lo esperábamos y no sé a qué tipo de negociación o acuerdo llegaron el Gobierno con ellos”. JOSÉ LUIS PRECIADO, Senador del PAN
La Comisión Federal de Electricidad reveló a diputados federales que pierde 5 mil 600 millones de pesos al año por problemas sociales, en los que se enlistan la inseguridad, el obstáculo de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro a la operación de la paraestatal y el crecimiento de asentamientos irregulares.
La CFE reconoce la imposibilidad de realizar tomas de lectura, ya que los trabajadores sufren agresiones, principalmente en zonas donde se concentran ex trabajadores de Luz y Fuerza.
En el rubro de robo de energía, por medio de las tomas clandestinas conocidas como diablitos, la CFE reporta pérdidas anuales también por 5 mil 600 millones.
En un tercer apartado, por obsolescencia de equipos, la empresa informa de pérdidas por 5 mil 600 millones de pesos al año.
En el documento, que da cuenta del estado que guarda la CFE y comprende de enero a diciembre de 2012, se mencionan pérdidas económicas totales por 34 mil millones. La mitad corresponde a pérdidas "no técnicas", aquellas que se presentan en el proceso de generación y transmisión.
El resto se pierde por los tres factores ya señalados.
La CFE propuso a la Cámara de Diputados acciones para aminorar los problemas sociales a los que se enfrenta.
Entre las medidas, plantea establecer programas masivos de ahorro de energía, desalentar el robo de energía, detectar y atender oportunamente las anomalías en el suministro, así como la mejora en la infraestructura eléctrica.
Considera necesario concluir la modernización y reubicación de medidores. Informó que actualmente hay 9 millones de aparatos instalados. Según el reporte, en México el porcentaje (14.78%) de pérdida de energía entregada al consumidor es el doble del que se registra en EU (7%).
SEGOB DICE QUE NO SE VULNERAN RECURSOS
Los acuerdos de la Segob con organizaciones sociales no afectan los recursos del Estado, además de que para alcanzarlos se utilizó "la herramienta del diálogo", afirmó su titular, Miguel Ángel Osorio Chong.
Sobre el acuerdo alcanzado con el SME para conformar un programa para el pago de una pensión vitalicia, el funcionario subrayó que este convenio "no lastima los recursos del Estado mexicano".
Durante su comparecencia en el Senado como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno, destacó que el memorándum signado ayer con la dirigencia del SME se realizó conforme al laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que fue confirmado después por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pesos mensuales recibirá cada uno de los beneficiarios
Empleados no habían aceptado su liquidación
PAN pide transparencia
El principal partido de la oposición mexicana pedirá explicaciones al Gobierno por el acuerdo firmado con el SME para otorgar una pensión vitalicia a trabajadores de una firma estatal que fue disuelta.
"La verdad es que estoy desconcertado (...). No lo esperábamos y no sé qué tipo de negociación o acuerdo haya llegado el Gobierno con ellos", afirmó el coordinador de senadores del conservador Partido Acción Nacional (PAN), José Luis Preciado.
"Lo que nosotros pedimos es transparencia total, para poder fijar una postura responsable", dijo por su parte el presidente de la Cámara de Diputados y legislador del PAN, Ricardo Anaya.
El memorándum de entendimiento beneficia a 1,400 empleados de la extinta compañía LyFC, que recibirán una pensión promedio de 15,000 pesos mensuales, para intentar zanjar parte de un largo conflicto judicial y laboral. El SME ha destacado por frecuentes movilizaciones en esta capital a raíz del conflicto que surgió tras la disolución de LyFC, empresa que fue extinguida por decreto el 11 de octubre de 2009, lo que condujo al despido de 44,500 trabajadores.
La empresa quedó disuelta por ineficacia administrativa, privilegios salariales y corrupción, entre otras razones, y sus funciones fueron asumidas por otra compañía pública, la CFE.
Más de 15,000 trabajadores de LyFC no aceptaron su liquidación, lo que derivó desde entonces en demandas en los tribunales que llegaron hasta la Suprema Corte, donde se presentó un amparo contra el decreto que liquidó la empresa.
