El impacto de la reforma energética en la economía mexicana tardará al menos cinco años en materializarse con una mayor producción de hidrocarburos y generación de empleos, de acuerdo con los objetivos de la iniciativa que presentó el presidente Enrique Peña Nieto.
Los contratos de utilidad compartida que propone la iniciativa, para que empresas privadas participen en la explotación de petróleo y la generación de electricidad entrarían en vigor hasta 2015, si es que la reforma energética es aprobada antes de que termine el año.
Pero el impacto se dará hasta el final del actual sexenio. Según la iniciativa, para 2018 la producción de petróleo aumentaría de 2.5 a 3 millones de barriles diarios y alcanzaría los 3.5 millones de barriles en 2025.
En lo que se refiere a generación de empleos, se prevén 500 mil nuevas plazas laborales en 2018 y 2.5 millones en 2025.
La reforma en materia petrolera contempla la asociación con empresas privadas para explotar yacimientos a los que Pemex no puede entrar por falta de tecnología o recursos.
Al presentar la iniciativa, Peña Nieto dijo que la reforma permitirá bajar los precios de los combustibles y la luz, pero esta disminución también se daría hasta que aumente la capacidad de producción, después de 2018.
Además de las reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución, el Congreso de la Unión también debe modificar leyes reglamentarias para definir cómo operarían los contratos de riesgo que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad podrán celebrar con empresas privadas.
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, detalló ayer que las utilidades para empresas participantes no rebasarían el 50 por ciento de la producción por cada uno de los proyectos.
Videgaray dijo que los porcentajes se fijarán en la licitación de cada campo petrolero y que la empresa ganadora sería la que ofrezca llevarse la menor parte de utilidad, lo cual es una práctica común en otros países con empresas petroleras que operan bajo este esquema.
