En lo que producirá el efecto de un terremoto en varias ramas industriales, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo está urgiendo llevar a confinamientos de residuos peligrosos una serie de equipos eléctricos que el país ha venido importando desde 1940, cuya toxicidad pone en peligro a la población
La obsolescencia de equipos como transformadores, capacitores, balastras o fluidos hidráulicos, produce una sustancia identificada como bifenilos policlorados, aroclor para efecto de familiarización, que puede producir graves enfermedades.
Estamos hablando desde cloracné, caracterizado por inflamación, cambios de color y ardor en la piel, hasta cáncer de piel, hígado y tracto biliar, pasando por alteraciones del sistema nervioso, irritación del tracto respiratorio, inmunosupresión y aun impotencia y alteraciones reproductivas.
El agente en forma líquida o sólida, capaz de resistir altas temperaturas sin inflamarse, se encuentra también en los adhesivos y pinturas.
La posibilidad de liberarlo se da desde un manejo inadecuado de almacenamiento de los productos hasta su transporte, dispersión y aun su incineración.
El compromiso de México para combatir los COPs está plasmado en el Convenido de Estocolmo, cuya meta prevé erradicar el peligro en una ruta que se prolonga hasta el 2025.
La adhesión de nuestro país fue aprobada por el Senado el tres de diciembre del 2002, integrándose los acuerdos al Plan Nacional de Desarrollo. En el marco, la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte elaboró la norma 133-Ecol-2000, que permitió la eliminación de cinco mil 488 toneladas del tóxico en el 2007.
Lo dramático del asunto, por más que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales trabaja codo con codo con la oficina que ha abierto en México el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es que no hay presupuesto para apoyar la causa, aun cuando se ha logrado la destrucción de 894 toneladas del tóxico y se han invertido 10 millones de pesos para capacitar a mil 500 inspectores.
Los industriales, pues, están obligados no sólo a sustituir los insumos, sino a pagar el traslado de los viejos a confinamientos especializados.
Más aun, se requiere autorización para eliminarlos en el extranjero.
La ley mexicana prohibe la importación de bifenilos policlorados y su confinamiento a concentraciones mayores de 50 partes por millón.
Está prohibido su disolución por cualquier medio.
La norma establece las especificaciones de protección ambiental para el manejo de equipos contaminados líquidos o sólidos y los plazos para su desincorporación, reclasificación y descontaminación.
Su manejo reclama autorización previa de la Semarnat.
La intención conjunta de la autoridad y el organismo internacional, por lo pronto, plantea el establecimiento de instalaciones seguras de almacenamiento temporal.
El primer alerta lo dimos en este espacio hace varios años, al colocar en la mesa una denuncia del dueño de la Hacienda "El Hospital", ubicada en el Estado de Morelos, cuyo casco se le había rentado a la empresa alemana Basf, quien a su salida del lugar dejo un colosal foco de contaminación que alcanzó a un río cercano.
En el absurdo, se regalaron a la población tambos que habían contenido pinturas altamente tóxicas, además de láminas contaminadas.
Aunque el escándalo trascendió las fronteras, al final del día se archivó la denuncia a contrapelo de los testimonios de la población sobre graves afectaciones en piel y órganos internos.
Por lo pronto, un muestreo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 19 entidades federativas señala que existen 713 sitios con mil 998 transformadores, cuyas características colocan en riesgo a la población.
El inventario se realizó en seis sectores industriales: Metalmecánico, siderúrgico, químico, minero, azucarero, papelero y textil, que consumen 52% de energía. En paralelo se verificaron sitios sensibles como pozos de abastecimiento de agua potable, hospitales, escuelas, fábricas de alimentos y centros comerciales.
En afán de crear conciencia en la población, la semana entrante se realiza un foro sobre la materia.
Peligro para México.
BALANCE GENERAL
Acusado de tráfico de influencias al provocar la renuncia de una alta funcionaria hacendaria que investigaba supuestas trampas para eludir pagos fiscales, Cementos Mexicanos se encuentra en el ojo del huracán en España.
En la feria de acusaciones que ha publicado el diario "El País", se habla de haber contratado a exfuncionarios del Ministerio de Hacienda para proteger maniobras como el simular préstamos entre filiales para bajar la carga fiscal.
Las versiones apuntan a que la cementera mexicana acumula créditos fiscales, es decir, deudas, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 7 mil 400 millones de euros, es decir 9 mil 906 millones de dólares, por supuestamente disfrazar pérdidas contables por 3 mil millones de euros.
En el jaloneo, aparentemente poniendo como eje la amenaza de cancelar inversiones en el país ibérico, se habla de renuncias de funcionarios inconformes con las instrucciones del gobierno de Mariano Rajoy de bajarle al asunto. La funcionaria despedida le negó a Cemex un recurso para evitar el pago del castigo.
La firma mexicana con sede en Monterrey es dueña de dos grandes empresas: Sansón y Cementos la Valenciana, pero está en tratos con la firma europea Holcim para comprarle activos en el país hispano.
BURLAN A LA CFE
Las señales indican que la empresa estadounidense FGG Enterprise LLC, quien acaba de declararse en incumplimiento para el pago de una deuda, se acogerá al capítulo XI de la Ley de Quiebras de su país, con lo que dejaría colgada de la brocha a la Comisión Federal de Electricidad, quien enfrenta un litigio en su contra.
La denuncia colocada hace cuatro años, apunta al incumplimiento de la firma en la entrega de una serie de turbinas para la central de Agua Prieta, pese a que se había pagado la mayor parte.
La empresa simplemente hizo mutis. De llegar la quiebra, la CFE se formaría en la cola de acreedores.
FERROMEX-HONDA
La empresa Ferromex, propiedad del "rey del cobre", Germán Larrea Mota Velasco, acaba de amarrar un contrato para mover el 70% de la producción de la nueva planta de la empresa japonesa Honda en Celaya, Guanajuato, hacia los Estados Unidos y Canadá, vía intercambios fronterizos.
La posibilidad incluye el traslado de los vehículos a diversos puertos para su comercialización en otros países.
La empresa ferroviaria dirigida por Rogelio Vélez transporta el 72 por ciento de la producción de las armadoras de Chrysler, Ford, General Motors, Mazda, Toyota y Volkswagen.
En total, la filial del Grupo México moviliza el 17 por ciento de la carga de transporte en el país.
Ferromex completará este año inversiones por 383.9 millones de dólares para incrementar su capacidad y velocidad en un programa quincenal que alcanzará dos mil 452 millones de dólares.
