La incertidumbre jurídica es una de las razones más importantes de la pobreza del campo mexicano. Hoy estamos viendo un caso ejemplar en la mina de Peñasquito en Zacatecas.
Peñasquito es una mina de oro, plata y cinc en el municipio de Mazapil, quizá el más pobre de Zacatecas. La zona tuvo actividad minera desde hace cuatro siglos, pero tras perderla la ha recuperado con esta operación. En 2005 se hicieron los acuerdos de arrendamiento con los ejidatarios. Después de realizar inversiones por 1,500 millones de dólares, la empresa canadiense Goldcorp empezó actividades en 2010.
Sin embargo, gracias a una legislación agraria que permite a los ejidatarios retractarse de acuerdos de venta o arrendamiento sin importar el tiempo transcurrido, el Tribunal Unitario Agrario del distrito I de Zacatecas ha ordenado a la empresa devolver 599 hectáreas al Ejido Cerro Gordo.
La empresa ha construido viviendas, escuelas, centros sociales, un aeródromo e incluso una carretera. En la zona que tendría que devolver ha puesto, además, una subestación eléctrica indispensable para la mina. La operación ha representado, según un desplegado periodístico de los integrantes del Ejido Cedros, que se oponen a la devolución, "el rescate de la miseria en miras de una nueva prosperidad".
El proceso contra Goldcorp fue promovido por 29 ejidatarios, de los cuales sólo cinco viven en el lugar. Sin embargo, ha contado con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, activistas y políticos, como los diputados federales José Isabel (Chabelo) Trejo Reyes y Tomás Torres Mercado.
La falta de definitividad en los acuerdos o contratos con ejidos es producto de una legislación que trata a los ejidatarios como menores de edad que requieren de una tutela especial del Estado porque se les considera incapaces de tomar sus propias decisiones. La ley, sin embargo, termina haciendo daño a los ejidatarios y al país porque inhibe las inversiones productivas.
No es necesario que todos los miembros de un ejido repudien una transacción para que los tribunales agrarios la revoquen años después. Por eso la extorsión que pequeños grupos de ejidatarios, asesorados por activistas o políticos, han hecho a empresas o personas que de buena fe han comprado o arrendado terrenos ejidales se ha convertido en un pingüe negocio.
En el caso de Peñasquito, las 599 hectáreas que el Tribunal Agrario ha ordenado devolver al Ejido Cerro Gordo no representan la totalidad de la mina, pero los activistas que han promovido la acción saben que de aplicarse la medida la empresa registraría pérdidas de cientos de millones de dólares. Por eso han iniciado un proceso de "negociación".
En este caso, sin embargo, el Ejido de Cedros, con 434 integrantes, ha promovido un amparo contra la decisión del tribunal agrario y ha conseguido, por el momento, una suspensión provisional. Los ejidatarios afirman que la decisión de cancelar el arrendamiento viola "nuestros derechos humanos, al pretender privarnos del acceso al empleo, a la alimentación, a la protección de la salud, a la vivienda, al agua, así como a la educación, a la seguridad social, al desarrollo económico, social y cultural". Los ejidatarios saben que el cierre de la mina, que genera 3,200 empleos directos, significaría la ruina económica del lugar.
"Pedimos que no se entregue la tierra para que la empresa siga trabajando -dijo en una conferencia de prensa Rubén Carranza del Ejido Mazapil, tercero de los ejidos de la zona--. Queremos que saquen las manos los diputados y que dejen negociar con voluntad a los ejidatarios."
IMPUNIDAD
Ochenta por ciento de los homicidios en España son resueltos, me dice el embajador mexicano en Madrid Francisco Ramírez Acuña. En México, según Alejandro Hope del IMCO, sólo el 20 por ciento lo son. Con razón España tiene 0.8 homicidios dolosos por 100 mil habitantes y nosotros 23.7 (UNODC).
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