Colocado conservadoramente el faltante de reservas para enfrentar solicitudes de pensión y jubilación de trabajadores públicos en el equivalente al 120% del Producto Interno Bruto, la presión para atender el problema está afectando el presupuesto con mayor virulencia a la pronosticada por los actuarios
Sin haberse cerrado aún el gasto del 2012, es decir, contabilizados sólo de enero a noviembre, el monto ejercido por el Gobierno federal para evitar un alud representa 9.1% más al presupuestado.
Estamos hablando de 391 mil 974 millones de pesos, frente a los 368 mil 688 calculados inicialmente.
La cifra alcanza el 8% del Producto Interno Bruto, superando con mucho el presupuesto que había ejercido hasta noviembre la Secretaría de Educación Pública, es decir, la instancia que más recursos reclama, cuyo monto alcanzaba 234 mil 158 millones de pesos.
La cantidad, además, representa casi cuatro tantos el presupuesto de la Secretaría de Salud de 99 mil 993.5 millones de pesos.
Ahora que, para este año el cálculo de la Secretaría de Hacienda para atender el faltante alcanzaría 408 mil 730 millones de pesos, con la novedad de que éste llegará en los próximos cinco años al 14% del PIB.
La paradoja del caso es que soslayado por años el problema que alcanza al menos a 350 fondos para el retiro de entidades públicas a nivel federal, estatal y municipal, ahora la Secretaría de Hacienda lo esgrime como el principal objeto de la reforma hacendaria que se plantea colocar a la consideración del Congreso en el periodo ordinario de sesiones de septiembre.
Sin embargo, de no modificarse radicalmente los esquemas no habría dinero que alcance, por más que se homologara la tasa del IVA en materia de alimentos y medicinas y se elevara la tasa general tres o más puntos.
De hecho, hay quien exigiría primero una reforma profunda al esquema y luego el incremento a gravámenes, como lo hizo en su momento el entonces presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, quien arriesgó el capital político con que llegó al poder, al enfrentar la ira del aparato público.
Aunque en los últimos 15 años se han realizado algunas reformas para atender el problema, ninguna de ellas ha llegado a la raíz. Estamos hablando de 14 modificaciones al esquema con que operan instituciones municipales de pensiones y 22 fondos de universidades públicas.
El caso más patético lo representa el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del IMSS, cuya reforma alcanzó sólo a las nuevas generaciones, sin tocar los privilegios de trabajadores con antigüedad acumulada, lo que les ofrece la posibilidad de doble pensión. Ahora que el escenario se da con mayor énfasis en el sector hacendario. Existen funcionarios que llegan a acumular hasta tres pensiones. Una del Banco de México, otra de algún banco de desarrollo, y una más del ISSSTE.
¿Se acuerda usted que el ex secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, había logrado a los 42 años una pensión del Bancomext? ¿Se acuerda del caso del que fuera director general de Nacional Financiera, Oscar Espinosa Villarreal?
En el extremo del ámbito municipal, desde otro ángulo, se han ubicado a personas que a los 33 años de edad han sido jubilados… tras empezar a trabajar a los cinco como campanilleros de camiones de basura.
Con excepción del IMSS, la antigüedad de los trabajadores señala el criterio básico para la jubilación, no la edad. En la mayoría de las instancias públicas, además, se obtiene una pensión equivalente al último salario bruto percibido, es decir, superior al neto, lo que significa que el trabajador ganará más como retirado que como activo.
A lo largo de los años los administradores de las entidades públicas fueron cediendo más y más, bajo el criterio de que pague el que viene. El caso más grave es el del IMSS que de pronto le dio a sus trabajadores la posibilidad de jubilarse a los 27 años de trabajo en el caso de las mujeres, y a los 28 en el de los hombres… ganando el 120% de su último salario… ¡sin crearse un fondo para acumular los recursos requeridos!
La pregunta es si finalmente se atrevería el gobierno.
Pendiente la aprobación de un punto de acuerdo planteado por el legislador perredista Trinidad Morales, con aval de priistas y panistas, para exigir frenar las obras del Dragon Mart Cancún, el centro comercial que colocaría millones de productos chinos en el país sin necesidad de viajar al Extremo Oriente, la Comisión Permanente ya planteó un nuevo jaque.
La petición concreta al Ejecutivo Federal, al estatal de Quintana Roo y al municipal de Benito Juárez, Cancún, es revisar exhaustivamente si el proyecto reúne los permisos de uso de suelo y demás, pasando naturalmente por los de impacto ambiental.
Hasta no recibirse la respuesta se plantea que las obras sean suspendidas.
Denunciada en su momento en este espacio la posibilidad de una pequeña China en el país, con exposición permanente y venta al mayoreo de productos de la nación oriental, entre ellos materiales de construcción, muebles, ferretería, equipo médico, agroindustrial y autopartes, en un área de 122 mil metros cuadrados en la que cabrían tres mil 40 locales, el proyecto ha unificado al sector empresarial en su contra.
El alud integra en la ruta a 12 gobernadores, 105 grupos ecologistas y 16 instituciones académicas.
NADA CONTRA AEROMÉXICO
Finalmente la Comisión Federal de Competencia descartó un exhorto de la Cámara de Diputados para investigar presuntas prácticas monopólicas de Aeroméxico, aprovechando la salida de las pistas de Mexicana de Aviación, bajo el argumento de que el problema que permite el surgimiento de firmas hegemónicas está en las propias leyes… que el Congreso puede modificar.
La bola, pues, está en la cancha de los legisladores.
El organismo, que en su momento se pronunció contra la concentración de Aeroméxico y Mexicana de Aviación, señala que existen aún barreras que impiden la competencia, entre ellas la limitante para que el capital extranjero alcance más de 25% de participación en líneas aéreas.
MURIÓ SU CASITA
A solicitud del Banco Invex, en su calidad de representante común de tenedoras de Certificados Bursátiles emitidos por la firma, un juez declaró finalmente en quiebra a la hipotecaria Su Casita.
La deuda total de ésta, a cobrarse con sus activos hasta donde alcance, es de cinco mil 500 millones de pesos.
La intermediaria fundada en 1994 había solicitado un concurso mercantil para intentar una reestructura.
Entre los damnificados están la Sociedad Hipotecaria Federal, a quien se le adeudan 932.3 millones de pesos; el Deutsche Bank, con 769.5; BBVA-Bancomer, con 42.3, además de tenedores de papeles de deuda.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
barrancoalberto@prodigy.net.mx
