El inicio de un juicio civil por lavado de dinero de un Juez de la ciudad de Corpus Christi, Texas, en contra de Jorge Torres López, exgobernador de Coahuila que substituyó en el cargo a Humberto Moreira, vuelve a poner el tema de la megadeuda del Estado en un primer nivel de atención del público.
De acuerdo a la información disponible, la investigación revela un depósito de 2.8 millones de dólares encontrados a nombre del exgobernador, en un banco de las Islas Bermudas.
Torres López ha respondido a las acusaciones asegurando que puede probar la procedencia lícita del dinero en cuestión, que a su decir tiene su origen "en toda una vida de trabajo…", aunque no explica por qué lo mandó a un paraíso fiscal. La explicación resulta obligada, porque además de empresario Jorge Torres fue funcionario público bajo el poder de Humberto Moreira y después gobernador sustituto, cuando aquel Moreira dejó el cargo para trepar a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
La megadeuda de Coahuila está vinculada a la gestión de Torres López, e incluso en su tiempo como gobernador parte de dicha deuda fue contratada de manera ilegal, mediante documentos falsos atribuidos al Congreso de Coahuila, que fueron utilizados para engañar a la Secretaría de Hacienda y a los Bancos acreedores.
La investigación que es objeto de comentario, se suma a la que ya existe en contra de Javier Villarreal, exdirector del extinto Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, a quien se le siguen causas respecto a doce propiedades incautadas en Texas con valor de veintiséis millones de dólares y dos y medio millones de dólares, que le fueron asegurados también en bancos de Las Bermudas. En ambos casos, las autoridades texanas sostienen que los recursos provienen de las arcas públicas del Estado de Coahuila y en esa presunción de ilicitud, sustentan la investigación.
Frente a tales acontecimientos el procurador de justicia de Coahuila Homero Ramos Gloria, insiste en declarar que la dependencia a su cargo cooperará con las autoridades texanas sólo si existe una petición expresa de colaboración, lo que quiere decir que las autoridades coahuilenses, no tienen ninguna intención de investigar por su cuenta ni por iniciativa propia.
La opacidad de actitud del Procurador es congruente con la de las autoridades hacendarias del Estado y del propio gobernador Rubén Moreira, que han puesto oídos sordos a los reclamos ciudadanos que exigen se investigue y se dé a conocer al Pueblo de Coahuila, el destino de los recursos obtenidos de la megadeuda.
La situación referida envenena la vida pública de nuestro Estado, porque además de que en forma recurrente surgen noticias sobre las investigaciones que sobre el caso se realizan en el plano internacional, el pago mensual de los intereses del pasivo colosal que asciende a treinta y seis mil millones de pesos, genera una sangría de recursos que frena el desarrollo de la entidad y erosiona la calidad de vida de los coahuilenses.
El Gobierno del actual Moreira ni siquiera ha informado sobre lo que cuesta mensualmente el servicio de la deuda, pero considerando el interés legal del doce por ciento anual vigente en el Estado, pero las condiciones del mercado financiero indican que estamos pagando más de cuatrocientos millones de pesos al mes, tan sólo de intereses, lo que compromete la salud financiera del Estado por veinte o más años. A esa luz, el Cupón Cero que en fecha reciente el gobierno de Moreira festinó para refinanciar la capitalización reciente de mil millones de intereses no pagados en tiempo, es como tratar de curar el cáncer con una aspirina.
Además de la carga económica irresoluble, el tópico de la deuda de Coahuila es un pesado lastre en el sentido político y social, porque revela que los gobiernos de los hermanos Moreira son parte de un mismo proyecto. Así lo demuestra la actitud cómplice del actual Gobierno empeñado en mantener oculto el destino de los recursos obtenidos de la megadeuda y propiciar la impunidad al respecto, lo que se ha convertido en una fuente inagotable de reclamo y desconfianza, que contamina nuestras formas de convivencia.
