Proceso. El extesorero del gobierno de Tabasco, José Manuel Sáiz Pineda mientras es conducido al interior del reclusorio en el Estado de Tabasco por presunto delito de peculado por un presunto desfalco de 1,918 millones de pesos.
Aunque no existe una orden de aprehensión en el fuero federal contra el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo órdenes de captura contra sus colaboradores; por ahora sólo se ha cumplimentado la que se emitió contra el exsecretario de Finanzas de la entidad, José Manuel Sáiz Pineda.
Mariana Benítez Tiburcio, titular de la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales de la PGR, reveló que ya hay órdenes de aprehensión en contra "de diversas" personas por los manejos irregulares en los recursos públicos de la entidad, aunque rechazó dar a conocer quiénes de sus coacusados ya cuentan con la orden de captura girada por el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Tabasco.
Al preguntarle al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sobre el caso Granier Melo dijo que la PGR "ya encontró elementos, por eso pidió a un juez que le pudiera ofrecer una orden de aprehensión. Esto ya sucedió, y ahora está en manos de la Procuraduría General de la República aportar la información que se requiera, que se necesite, para que el juez pueda actuar".
Sin embargo, ni la Secretaría de Gobernación, ni la PGR aclararon si la orden de detención contra el exmandatario de Tabasco ya se solicitó. Lo cierto es que hasta el momento no hay un mandato judicial de captura en su contra.
Autoridades de la dependencia, indicaron que se ha solicitado la colaboración de todas las procuradurías del país para localizar al resto de los implicados contra los que ya existe un mandato judicial, y se solicitó la alerta migratoria para detectar si pretenden salir del territorio nacional.
La PGR procedió contra Sáiz Pineda y otros colaboradores del exgobernador por los delitos de peculado y "lavado de dinero", en una investigación que continúa abierta en busca de otros presuntos responsables.
Respecto a la situación jurídica de Granier, la subprocuradora indicó que "no existe una orden de aprehensión otorgada por un juez aún; habría que preguntarle a la Procuraduría estatal. Estamos avanzando poco a poco con las investigaciones. No quiere decir que en el mismo momento vamos a tener resuelta las acciones legales contra todas las personas que se involucren. Esta investigación sigue su curso; hemos seguido recibiendo información".
Indicó que los más de 88 millones de pesos decomisados al extesorero es una información que se integró a la averiguación previa de la PGR, pero dejó en claro que "los que son delitos de competencia federal, nosotros los estamos dirigiendo y también la Procuraduría estatal ha iniciado sus propias investigaciones respecto a investigaciones locales".
Benítez Tiburcio detalló que la dependencia "inició una investigación seria, profunda, que está radicada en la Unidad de Lavado de Dinero de esta procuraduría y fue consignada en días pasados".
Respecto al extesorero, el único detenido hasta el momento, dijo que "fue presentado esta persona, se cumplimentó la orden de aprehensión, pero se reservó su derecho a declarar. Y se estará informando el avance de la investigación y del proceso que ya ahora enfrenta ante el juez", indicó la funcionaria.
Expuso que "la investigación contiene varias líneas, la averiguación previa no termina ahí con la consignación de esta persona, es una de las personas de las que estamos investigando. La indagatoria se abrió contra cualquier persona".
Por separado, el mandatario Arturo Núñez garantizó que si Granier Melo regresa a México tendrá todas las instancias del debido proceso para declarar y explicar sobre el desfalco financiero ocurrido en su gobierno.
"Qué bueno, eso dijo la vez pasada cuando lo de la filtración de la grabación (donde el exmandatario presumió que tenía 400 pares de zapatos) lo convoqué a que viniera y no lo había hecho, me da gusto que venga y comparezca ante la Procuraduría", dijo al término de la inauguración de Procuraduría de Defensa de Contribuyente.
Núñez aseguró que existen 14 órdenes de aprehensión contra más servidores públicos, pero por la secrecía de la investigación no podía revelar sus nombres "si no, como se dice coloquialmente, se nos pelan".
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