Injusticia. En abril de 2010 Alberta Alcántara y Teresa González , indígenas otomíes, dejaron la cárcel después casi 4 años.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró urgente garantizar el acceso a un sistema eficaz de procuración e impartición de justicia para más de ocho mil indígenas presos en diferentes cárceles del país.
El organismo que preside Raúl Plascencia Villanueva, señaló que es indispensable que las autoridades se comprometan a contar con personal especializado en la atención de los problemas de ese grupo, pues en su mayoría desconoce la razón por la que está sometido a proceso y privado de su libertad.
En un comunicado indicó que las violaciones por lo general son por que ese sector no recibe asesoría jurídica inmediata y carece de intérpretes, traductores o de defensores públicos especializados, lo cual se agrava al ser víctimas de detenciones arbitrarias o maltrato.
Se añade, continuó, que en el país hay carencia de jueces, agentes del Ministerio Público y defensores con conocimientos de los usos, costumbres, tradiciones, cultura e idioma de la población indígena.
A través del Programa de Atención de Indígenas en Reclusión, se dio respuesta a la problemática, mediante acciones como el análisis de expedientes procesales y médicos, entrevistas con los internos, y se les brindó orientación jurídica, detalló el ombudsman nacional.
Refirió que en 2012 se realizaron 68 visitas a centros penitenciarios con población indígena, pertenecientes a los grupos étnicos: náhuatl, zapoteco, tzotzil, mixteco, totonaco, mixe, mazateco y chinanteco.
