Mediante una nueva iniciativa de reforma, el mandatario planteó hasta 40 años de cárcel a quien financie actos terroristas.
El presidente Enrique Peña Nieto busca que el delito de terrorismo y su financiamiento se castigue hasta con 40 años de prisión y mil 200 días de multa.
Peña Nieto envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa que contiene la ley reglamentaria del artículo 22 constitucional con la que busca combatir el terrorismo y su financiamiento; así como el lavado de dinero.
Se pretende castigar con una pena de 15 hasta 40 años de prisión y de 400 a mil 200 días de multa, sin perjuicio de las penas por otros delitos, a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, nuclear, fuente de radiación radiaciones, explosivos o armas de fuego, incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en grupo para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular para que tome una determinación.
La misma pena se otorgará a quien financie actos de terrorismo y se considerará un delito autónomo, "a quien directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, ya sea para financiar o apoyar individuos o agrupaciones terroristas", explica la iniciativa.
Se plantea como agravante hasta en una mitad de la pena impuesta a las personas, que además del delito cometido, genere un perjuicio a la economía nacional o se detenga en calidad de rehén a una persona durante la comisión de un delito.
En la iniciativa se exentan las manifestaciones que realizan grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales, que sin atentar contra bienes jurídicos de personas, tengan la finalidad de presionar a la autoridad para que tome una determinación.
También considera de uno a nueve años de prisión y hasta 300 días de multa a quien encubra a una persona que haya participado en actos de terrorismo.
Además se considera de 15 a 40 años de prisión a quien realice o participe en actos de terrorismo en contra de bienes, personas o servicios de un Estado extranjero, o de cualquier organismo u organización internacional.
