Plan anticorrupción. La senadora Laura Rojas pidió un castigo ejemplar a todos los que cometan corrupción en el país.
La bancada del PAN en el Senado presentó ayer jueves una iniciativa en materia de combate a la corrupción, con la que pretenden imponer "castigos ejemplares" a funcionarios de todos los niveles de Gobierno y particulares involucrados en esos delitos.
La senadora Laura Rojas, secretaria de la Comisión Anticorrupción, explicó que la propuesta de Acción Nacional va más a fondo que el proyecto presentado por el presidente Enrique Peña Nieto, ya que otorga plena independencia a una nueva Fiscalía Nacional Anticorrupción, para poder llevar a la cárcel a los responsables. "La reforma busca fortalecer las sanciones penales para imponer castigos ejemplares. Que las sanciones se lleven a cabo, porque los responsables de actos de corrupción tienen que pagar y tienen que estar en la cárcel", dijo.
"Es algo que no hemos visto desde hace mucho tiempo justamente por la debilidad del ministerio público". La legisladora reconoció que la independencia de la Fiscalía es una diferencia central con el proyecto que se ha estado negociando en el Senado, ya que la propuesta elaborada hasta ahora por las comisiones deja a la institución bajo el control de la Procuraduría General de la República. "Es una diferencia central, queremos darle autonomía e independencia al titular de la Fiscalía para que no esté sujeto a presiones políticas o a las presiones del Ejecutivo o de los gobernadores", expresó.
Sin embargo, Rojas aseveró que el PAN no pretende retrasar u obstruir la aprobación de la reforma que ya tiene avances en la mesa de negociación, en la que han participado legisladores de todos los partidos.
La senadora confirmó que la reforma también pretende castigar los abusos y desvíos cometidos por funcionarios estatales.
El proyecto propone crear la Comisión Nacional de Combate a la Corrupción y la Fiscalía para investigar, perseguir y solicitar el ejercicio de la acción penal en contra de los funcionarios.
En la redacción se establece en el artículo 102 de la Constitución que tanto la Comisión como la Fiscalía podrán actuar penalmente en contra de los funcionarios de estados y municipios que incurran en actos de corrupción. Los órganos podrán atraer los casos cuando por delitos cometidos en el manejo o aplicación indebida de fondos o recursos, pero también cuando los ilícitos estén vinculados con indagatorias federales o cuando se trate de casos de trascendencia nacional.
