El coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta, consideró que debe haber un periodo extraordinario de sesiones después de las 14 elecciones que se realizarán el 7 de julio próximo, para desahogar la lista de reformas pendientes que se quedaron en el periodo de febrero-abril.
Delineó que en este lapso se deberán desahogar las reformas de combate a la corrupción, la ley secundaria en materia educativa, de democracia participativa, así como de regulación de las deudas estatales y municipales.
Comentó que en la reunión que tendrán los seis coordinadores parlamentarios de ambas cámaras, el próximo miércoles, "deberá incluirse como parte de sus acuerdos la realización de un periodo extraordinario".
El presidente del Instituto Belisario Domínguez consideró que para convocar a un periodo extraordinario debe contarse con los dictámenes correspondientes, para lo cual, entre los probables acuerdos de la reunión de coordinadores parlamentarios, habrá de establecerse que las comisiones legislativas involucradas se reactiven a la brevedad.
Barbosa Huerta pidió a los partidos políticos actuar con responsabilidad para determinar qué temas deben incluirse y cuáles no en un periodo extraordinario.
"Desde la perspectiva del grupo parlamentario del PRD en el Senado, existen temas que por su complejidad no pueden abordarse con precipitación y requieren analizarse con más tiempo y responsabilidad, tales como la reforma en materia financiera y la reforma legal en telecomunicaciones y competencia", subrayó.
Indicó que ante los hechos recientes de corrupción y probables delitos como los del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, resulta necesario acelerar la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción.
Asimismo, agregó que la reforma constitucional en materia educativa es letra muerta si no se concreta en una reforma legal que haga viable el inicio de su aplicación en el próximo ciclo escolar 2013-2014.
También abundó que antes de iniciar la discusión del paquete económico 2014, se deben establecer los parámetros sobre el endeudamiento de los gobiernos estatales y municipales.
