La bancada del PRD en el Senado se pronunció porque desde el Legislativo se coadyuve en las indagatorias del anexo B de la Torre de PEMEX y se vigile la actuación de las autoridades federales.
Alejandra Barrales, secretaria de la Comisión del Trabajo del Senado, exhortó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal a supervisar que los centros de trabajo tanto de la iniciativa privada como del sector público cumplan con lo que se establece en reglamentos y normas oficiales mexicanas en materia de seguridad e higiene.
La perredista afirmó que esta acción tiene como objetivo la previsión de siniestros que pongan en riesgo la seguridad e incluso la vida de los trabajadores y anunció que este martes propondrá como punto de acuerdo a las fracciones del PAN, PRI, PT y PVEM.
“La previsión debe ser parte importante en la conducción de las tareas y del quehacer diario de cualquier empresa de estado, sin embargo, es también ante los siniestros que resulta focalizar la atención a través de medidas preventivas eficientes, pasando por el mantenimiento y la debida supervisión de instalaciones donde la seguridad debe ser una prioridad y una condición dentro de una política integral para el desarrollo de los trabajos de una empresa”, aseveró la legisladora.
Barrales detalló que la función de vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo es una de las facultades, que de manera precisa, le confiere la Ley Federal del Trabajo, aprobada en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LXII Legislatura del Senado de la República y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012.
El senador Benjamín Robles propuso que Senado y Cámara de Diputados participen en indagatorias a fin de garantizar la mayor transparencia y publicidad posible en las investigaciones sobre la explosión en la Torre B de Pemex.
"Estos son momentos de unidad, donde todo cálculo político debe ser desterrado en aras de fomentar un ambiente de solidaridad y plena comunicación entre todos los órganos del Estado. La prioridad, que a nadie le quepa duda, debe ser garantizar todo el apoyo debido a los familiares y amigos de las víctimas. De nada sirve, en este momento, hacer señalamientos sobre la falta de seguridad industrial en las instalaciones de la empresa emblemática del País", manifestó el perredista.
Robles informó que también este lunes en la sesión del Senado presentará un punto de acuerdo en primera instancia para que esa soberanía manifieste su solidaridad, así como su más sentido pésame, a los deudos de las víctimas de la explosión ocurrida en la Torre de Pemex el pasado jueves 31 de enero.
Y para exhortar a la Secretaría de Gobernación a permitir la coadyuvancia del Senado de la República en las investigaciones correspondientes al siniestro, fomentando así la mayor transparencia y publicidad posible.
El senador oaxaqueño argumentó que para atajar las especulaciones irresponsables, las sospechas infundadas y, sobre todo, cualquier información equivocada -que más allá de arrojar luz sobre el caso contribuya más bien a causar zozobra y miedo en la ciudadanía- es imperativo que las pesquisas a realizar por esta administración se lleven a cabo sin escamotear recursos, con absoluta voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias y, sobre todo, con la mayor transparencia y publicidad posible.
En este contexto, la vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna expuso que PEMEX está sujeto a un régimen fiscal que le impide contar con los recursos suficientes para su desarrollo.
En 2011, detalló, los impuestos y derechos que transfirió al gobierno federal fueron de 876 mil millones de pesos, que representaron el 112 por ciento de sus utilidades y el 56 por ciento de sus ingresos.
"Este régimen fiscal, además de ser depredatorio, también ha propiciado el ocultamiento de las ineficiencias y corruptelas con que opera la paraestatal", consideró.
A septiembre de 2012, los impuestos y derechos que pagó Pemex a la Federación ascendieron a 689 mil millones de pesos, 9% más de lo pagado en el mismo periodo de 2011.
Consideró que el régimen fiscal de Pemex consiste de un intrincado y complejo conjunto de derechos que se han ido acumulando en el tiempo y que obedecen más a requerimientos financieros del sector público que a un esquema lógico que permita aprovechar, en beneficio del país, la denominada “renta petrolera” y a la paraestatal desarrollarse sanamente.
"Un defecto adicional del régimen fiscal de Pemex es que los recursos que capta la federación y que no tienen un destino específico se pueden usar para gasto corriente o gasto de inversión. Por tratarse de ingresos que provienen de un recurso natural no renovable deberían etiquetarse únicamente para gastos de inversión, preferentemente para el desarrollo del propio sector energético, con el propósito de asegurar la disponibilidad de energía para las siguientes generaciones", concluyó.
